El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, presentó ante la Legislatura local una iniciativa para reformar el Código Urbano del estado. La propuesta, llamada “Ley Escudo”, busca fortalecer las facultades de los municipios en materia de desarrollo inmobiliario, y así brindar mayor certeza jurídica a las familias que habitan en fraccionamientos o condominios.
La iniciativa fue entregada en compañía de los diputados locales Toño Zapata y Mauricio Cárdenas, así como representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y vecinos de distintos conjuntos habitacionales.
La “Ley Escudo” contempla cambios a más de 60 artículos del Código Urbano. Entre sus objetivos principales está el mayor control sobre las licencias de obra, las fianzas y la supervisión de desarrollos en proceso, así como la obligación de contar con reglamentos internos antes de vender viviendas.
También se propone la creación de una figura de mediación municipal para resolver conflictos vecinales y reforzar la participación ciudadana en asambleas y vigilancia de los condominios.
“Desde que recorrí nuestras calles como candidato escuché con preocupación que muchas familias vivían en desarrollos habitacionales sin concluir ni entregar. Eso no es justo ni digno”, expresó Josué Guerrero Trápala durante la presentación.
Uno de los elementos centrales de la reforma es que solo se podrán vender viviendas cuando al menos el 30% de la obra de urbanización esté concluida. Además, será obligatoria la presentación de garantías para obras inconclusas y para la atención de posibles vicios ocultos.
Los desarrolladores también deberán incluir en su publicidad información clara sobre los materiales, planos autorizados y régimen de propiedad. Los nombres de los fraccionamientos deberán apegarse a los criterios del INEGI.
La ley también prevé sanciones para quienes no entreguen informes financieros de los condominios y permite que el Comité de Vigilancia intervenga en caso de omisiones.
La propuesta eleva del 4% al 5% la superficie que debe destinarse a áreas verdes en los fraccionamientos, los cuales deberán tener accesibilidad universal, ciclovías y paradas de transporte público.
También se busca que los ayuntamientos tengan la obligación de implementar un registro condominal obligatorio, y que los trámites de inspección y recepción de obras se agilicen.
Aunque la iniciativa fue promovida desde el municipio de Corregidora, podría extenderse a otros municipios si es aprobada por el Congreso local.
El diputado Toño Zapata señaló que en el año 2000 se tenían identificados más de 120 asentamientos irregulares en Corregidora. Por eso, dijo, esta iniciativa representa un paso clave para combatir este problema desde el marco legal.
Mauricio Cárdenas, legislador por el VI distrito, destacó que la iniciativa responde a una deuda histórica: “Tener certeza jurídica sobre nuestro patrimonio es fundamental, pero también lo es vivir en entornos seguros, con servicios de calidad y colonias que cumplan lo prometido”.
