El H.Ayuntamiento de San Juan del Río, en sesión de Cabildo,
aprobó este viernes el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia del Poder Judicial, y acordó remitir a la 61 Legislatura seis observaciones técnicas para su consideración en la elaboración de la legislación secundaria.
La votación fue unánime entre los 14 integrantes del Ayuntamiento, quienes respaldaron el punto de acuerdo presentado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, en atención al oficio enviado por la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Cabe recordar que esta reforma fue aprobada previamente por el pleno del Congreso estatal el pasado 27 de marzo, con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en una sesión marcada por divisiones internas dentro de la bancada de Morena. Posteriormente, la diputada Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, anunció su intención de impugnar el dictamen por presuntos vicios de procedimiento.
Durante la sesión de Cabildo, el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca destacó avances en el proyecto, como la inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversias, la suplencia por género en magistraturas y judicaturas, así como la restricción para aspirantes con sentencias firmes por delitos familiares, sexuales o de género.
No obstante, propuso añadir como requisito que los aspirantes a cargos judiciales no cuenten con condenas por delitos de corrupción o vínculos con el crimen organizado, particularmente en casos relacionados con narcotráfico. Además, solicitó que los procesos de evaluación de candidatos se regulen con criterios claros en la legislación secundaria, a fin de evitar discrecionalidad.
Entre otras observaciones, el síndico pidió precisar conceptos como “buena fama” y “honestidad”, delimitar las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, revisar el procedimiento de exoneración establecido en el artículo 28, y mantener el plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos judiciales, como garantía de justicia pronta. Tras su intervención, el alcalde instruyó remitir dichas observaciones al Congreso junto con el voto favorable del Ayuntamiento.
