- Fiscalización más agresiva, que tendrá por respuesta elevada litigiosidad.
- Disyuntiva: dejar o no una bomba de tiempo a la próxima administración.
Mariano Calderón, experto fiscal, anticipó una miscelánea fiscal para el 2023 centrada nuevamente en presionar a los contribuyentes cautivos, sin atacar el problema de fondo de ampliar la base de contribuyentes. “No se necesitan grandes cálculos para preverla: La presente administración ha centrado sus esfuerzos en elevar la recaudación mediante una agresiva fiscalización, al haber decidido no hacer ninguna reforma fiscal a lo largo del sexenio. Lo cierto es que la austeridad republicana y ahora pobreza franciscana no resolverán la escasez de recursos gubernamentales. Lamentablemente, seguirán aumentando la fiscalización a fin de exprimir y perseguir, de manera agresiva, a contribuyentes cautivos”, explicó.
Sin embargo, el especialista aclaró que dichas medidas, en lugar de resolver el problema, lo agravarían, porque la misma austeridad hace que los actos de gobierno se vuelvan más ineficientes jurídicamente, menos sólidos y profundos todos los estudios, análisis, determinaciones y actos de administración, a falta de manos y expertos, por lo que los grandes contribuyentes optarán por irse a juicio, con buenas posibilidades de ganar. Los casos que gane el gobierno, podrán convertirse en recursos en efectivo hasta dentro de dos o tres años. “Aunque resulte políticamente incorrecto, tal vez sea ahora el mejor momento para una reforma fiscal real, con las medidas impopulares, que consisten en aumentar la base de contribuyentes atacando la economía informal”, dijo.
Ante diversas especulaciones sobre una posible crisis fiscal, Mariano Calderón consideró que el riesgo estará latente mientras no haya una modificación de fondo, dado que México es uno de los países de la OCDE que menos recauda impuestos. La razón: pocos contribuyentes cautivos. Los grandes, con recursos para defenderse en tribunales.
El experto trazó dos escenarios ante un próximo clima de presión fiscal:
1.- Un mundo ideal, en el cual el gobierno federal aprovecha el capital político que le queda, para adoptar las medidas impopulares y ampliar la base de contribuyentes, a fin de no dejar una bomba de tiempo a la próxima administración. “Técnicamente, no sería demasiado complicado”, dijo y adelantó los siguientes puntos:
a) Reducir el número de regímenes especiales para simplificar los trámites de recaudación. Mientras más sencillo sea el impuesto, es más fácil de administrar y que pague la mayor cantidad de gente.
b) Trazar una veta de impuestos indirectos, dado que de todas formas todo el mundo termina pagando el IVA. “Sí, es impopular gravar alimentos y medicinas, pero se puede hacer gradual y subsidiar a los deciles de menores ingresos”, señaló.
c) Elevar la recaudación a nivel estatal y municipal. “El predial, por ejemplo, se paga en cantidades ínfimas” apuntó.
2.- Escenario de terrorismo fiscal. Es previsible que las empresas estén ya preparados para enfrentar actos de presión, que se asesoren por abogados expertos, para no perder ninguna oportunidad de defensa. Mientras, tendrá un doble efecto negativo, sobre todo en las grandes empresas:
1) El clima de persecucióny presión del SAT inhibirá la actividad económica de las empresas.
2) Los recursos dedicados a los litigios serán los que dejarán de invertirse para el crecimiento y generación de empleos.
3) Para el gobierno, se Incrementará el costo de la recaudación. Las empresas ejercerán sus medios de defensa y se generará un clima de litigios largos que, en última instancia, la actual administración no recibirá los recursos, en caso que las resoluciones le sean favorables en dos o tres años.
“No hay que olvidar que la posición del SAT no es necesariamente la correcta. La última palabra la tiene el Poder Judicial”, concluyó.
