Subterráneo

Deportado de EEUU y detenido en Baja California por fraude cometido en Querétaro

  • El imputado fue deportado desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas gracias a la coordinación entre fiscalías.

  • Ya fue vinculado a proceso por fraude genérico y permanecerá en prisión preventiva justificada.

La Fiscalía de Querétaro informa que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un hombre investigado por el delito de Fraude Genérico, cometido en el municipio de San Juan del Río.
De acuerdo con la investigación, en mayo de 2022 la víctima otorgó al imputado un préstamo, bajo un convenio en el que éste dejó en garantía dos facturas vehiculares y un vehículo que aseguró ser de su propiedad. Posteriormente, dejó de realizar los pagos acordados y el vehículo fue retirado por su verdadero dueño, quien lo había rentado previamente al imputado.

Con estos datos, la Fiscalía obtuvo en marzo de 2023 la orden de aprehensión correspondiente.
Como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, se realizó un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Baja California y autoridades migratorias de Estados Unidos. El imputado fue localizado en territorio estadounidense y posteriormente deportado en el cruce fronterizo, hacia Tijuana, Baja California, donde fue detenido por La Fiscalía de Baja California en colaboración con esta Fiscalía.

El pasado 3 de diciembre de 2025, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro recibieron al imputado en las instalaciones de la Fiscalía de Baja California para su traslado al estado, donde fue presentado ante la autoridad judicial que lo requería.

En audiencia inicial celebrada el pasado 4 de diciembre, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por el delito de fraude genérico, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de 1 mes para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para combatir los delitos patrimoniales, garantizar el acceso a la justicia y asegurar la reparación del daño a las víctimas.

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