La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, tras ser notificadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló que el proceso se realizará conforme a la legislación mexicana y a los tratados internacionales aplicables.
“En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, indicó.
Explicó que la Fiscalía revisa la documentación para determinar si existen elementos suficientes. “Es obligación de esta Fiscalía […] analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer […] si existen los elementos probatorios necesarios”, afirmó.
Añadió que, de manera paralela, se iniciará una investigación en México. “Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria”, dijo, con el objetivo de establecer si hay bases para solicitar órdenes de aprehensión.
El funcionario precisó que la solicitud recibida no incluye evidencia concluyente. “Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes”, señaló.
También subrayó que el proceso debe mantenerse bajo reserva, conforme a los acuerdos internacionales. “Se requiere que la información […] no sea divulgada ni se haga del dominio público”, indicó, al referirse a disposiciones del tratado bilateral y la Convención de Viena.
Lara López agregó que, en el caso de servidores públicos como gobernadores y senadores, la legislación mexicana establece la necesidad de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción judicial.
“Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional”, afirmó.
El pronunciamiento ocurre luego de que autoridades estadounidenses dieran a conocer acusaciones contra funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, lo que abrió un proceso de revisión en México sobre la viabilidad de dichas solicitudes.
