Alrededor de una docena de organizaciones sociales condenaron la criminalización y estigmatización de la protesta social, por las detenciones de mujeres que participaron en la manifestación del 8 de marzo, que podrían enmarcarse en una persecución ideológica y política, por lo que pidieron la investigación oficiosa de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
Organizaciones como el Frente Feminista Nacional capítulo Querétaro, T’ek’ei Grupo Interdisciplinario por la Equidad, Feminismos en Querétaro, Mujeres Rizomáticas y Salud y Género por mencionar algunas, declararon su preocupación por las detenciones, sobre todo porque las órdenes de aprehensión se giraron el 6 de abril y se cumplimentaron después de las elecciones.
En algunos casos, sostuvieron, a las mujeres se las llevaron a la fiscalía bajo engaños para luego ser arrestadas, lo cual es inconstitucional, ya que de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos es obligación de las autoridades informar a la persona que está siendo capturada el motivo por el que se le está aprehendiendo y sus derechos.
Además, las mujeres aprehendidas no forman parte de alguna agrupación o colectiva específica lo que las deja en un estado mayor de vulnerabilidad. Añadieron que “observamos que estas acciones se enmarcan en una persecución ideológica y política que tiene como fin la criminalización de la protesta y la estigmatización del movimiento feminista y sus múltiples manifestaciones”.
Demandaron a las autoridades realizar todos los procesos dentro de los marcos de la legalidad, transparencia y con estricto apego a los derechos humanos, así como la intervención de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, para que investigue los hechos de forma oficiosa.
Las organizaciones también consideraron increíble la actuación expedita de la Fiscalía para identificar a las manifestantes e imputarles supuestos delitos, pero tiene un trabajo tardío en la identificación de feminicidas, al tiempo que demandaron erradicar estas prácticas violentas e intimidatorias.
A la par del comunicado, otras organizaciones iniciaron una colecta para el pago de abogados y de fianzas que se piden a las mujeres procesadas, ya que según la información que se les entregó deben pagar hasta 850 mil pesos cada una y podrían enfrentar hasta 9 años de prisión.
