La ambientalista María del Carmen Siurob pidió al gobernador Francisco Domínguez Servién proteger ampliamente a cada una de las personas dedicadas a la defensa del ambiente, agua y territorio del estado de Querétaro, tras las amenazas de muerte contra la activista América Vizcaíno, por denunciar ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) que un particular tenía una especie protegida de felinos.
Siurob señaló que América no es el único caso, porque existen otras defensoras y activistas ambientales, que luchan por las áreas verdes y por el derecho al agua que también reciben intimidaciones y en algunos de ellos se trata de colectivos, como en la defensa por el agua en Zibatá, Ejido Cerro Prieto y El Zapote.
Advirtió que en algunos casos hay hostigamiento en los trabajos, violencia digital y amenazas veladas que pretenden intimidar su labor de defensa medioambiental, así que pidió instrumentar el acuerdo de Escazú y brindar protección a los defensores, ya que existe preocupación “ante las amenazas vía telefónica que recibió nuestra compañera ambientalista América Vizcaíno”.
Demandó también que se genere un trabajo entre instituciones para que se garantice la seguridad de los activistas dedicados a la defensa del medio ambiente, porque su actividad “es en beneficio de la humanidad entera, no solo de quienes vivimos en Querétaro”.
América Vizcaíno denunció que recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica “por la persona que denuncié por la posesión ilegal de felinos, ubicados en la calle San Juanico, colonia Villas del Mesón en Juriquilla” y responsabilizó al encargado de despacho de la delegación de la Profepa, Gabriel Zanatta de divulgar sus datos personales al denunciado.
Vizcaíno presentó la denuncia el 16 de julio pasado y al día siguiente se retiró a los animales del lugar, “sin saber quién se los llevó”, pero el pasado 19 de julio recibió una llamada telefónica anónima de amenaza de muerte “por haberme metido con sus animales”.
México ratificó su ingreso al acuerdo de Escazú, nombre con el que se conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, en el que se genera el compromiso de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales pueden actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
