A contracorrienteMirador

Seguimos con una burocracia obsesa a pesar de la promesa de liposucción institucional

“Si estoy en contra del estado del

mundo no es porque sea un moralista,

sino porque quiero reírme más”.

Henry Miller

Tras los sismos de septiembre vino la solidaridad y un supuesto despertar ciudadano en contra de los partidos políticos: nuestros villanos favoritos. En las redes sociales hubo enardecidos reclamos para que los recursos públicos que reciben los partidos se destinaran a la emergencia y la reconstrucción. 

La respuesta fue variopinta. Unos regresaron sus prerrogativas vía la Secretaría de Hacienda; otros entregaron recursos directamente a los afectados. 

Todos prometieron acabar con el financiamiento público, sabedores que para cristalizar el ofrecimiento se requiere un cambio en las reglas de juego, las cuales por ley y por salud democrática no pueden cambiarse a medio proceso electoral. Otros ofrecieron irse de corrido con las tijeras y recortar la obesa burocracia: eliminar plurinominales, privilegios y una añeja cantaleta.

El lance de “generosidad” les salió barato, calmaron los ánimos y se quitaron los reflectores. Sin embargo, por más que lo prometan, no habrá cambios jurídicos -al menos hasta después de septiembre de 2018- para eliminar la totalidad del financiamiento público ni habrá el adelgazamiento burocrático. 

Esto supondría poner de acuerdo a las dos terceras partes de las fuerzas políticas para reformar varios artículos de la constitución, como  artículo 41, primer párrafo, numeral II:

“La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

Para ellos, es cuestión de supervivencia. El presupuesto público es insustituible. Y es sano que haya primacía de los fondos públicos sobre los privadospara evitar una democracia capturada por intereses privados. 

El problema es que al hacer la ley, los presupuestos y los nombramientos de funcionarios electorales los partidos se han servido con la cuchara grande.

Han aprovechado cuanta laguna legal encuentran para obtener mucho más dinero que lo permitido, a sabiendas que la sanción no irá más allá de un coscorrón. 

Estamos despertando, una vez pasado el temblor, con un presupuesto 2018 que asigna cuantiosos recursos para los partidos y la burocracia obsesa, a pesar de la promesa de liposucción institucional. Prometer no empobrece, cambiar la constitución es lo que aniquila. 

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Gabriel Morales López

Periodista. Columnista en El Queretano y en Imagen Querétaro 94.7 de FM.

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