“Si estoy en contra del estado del
mundo no es porque sea un moralista,
sino porque quiero reírme más”.
Henry Miller
Tras los sismos de septiembre vino la solidaridad y un supuesto despertar ciudadano en contra de los partidos políticos: nuestros villanos favoritos. En las redes sociales hubo enardecidos reclamos para que los recursos públicos que reciben los partidos se destinaran a la emergencia y la reconstrucción.
La respuesta fue variopinta. Unos regresaron sus prerrogativas vía la Secretaría de Hacienda; otros entregaron recursos directamente a los afectados.
Todos prometieron acabar con el financiamiento público, sabedores que para cristalizar el ofrecimiento se requiere un cambio en las reglas de juego, las cuales por ley y por salud democrática no pueden cambiarse a medio proceso electoral. Otros ofrecieron irse de corrido con las tijeras y recortar la obesa burocracia: eliminar plurinominales, privilegios y una añeja cantaleta.
El lance de “generosidad” les salió barato, calmaron los ánimos y se quitaron los reflectores. Sin embargo, por más que lo prometan, no habrá cambios jurídicos -al menos hasta después de septiembre de 2018- para eliminar la totalidad del financiamiento público ni habrá el adelgazamiento burocrático.
Esto supondría poner de acuerdo a las dos terceras partes de las fuerzas políticas para reformar varios artículos de la constitución, como artículo 41, primer párrafo, numeral II:
“La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
Para ellos, es cuestión de supervivencia. El presupuesto público es insustituible. Y es sano que haya primacía de los fondos públicos sobre los privadospara evitar una democracia capturada por intereses privados.
El problema es que al hacer la ley, los presupuestos y los nombramientos de funcionarios electorales los partidos se han servido con la cuchara grande.
Han aprovechado cuanta laguna legal encuentran para obtener mucho más dinero que lo permitido, a sabiendas que la sanción no irá más allá de un coscorrón.
Estamos despertando, una vez pasado el temblor, con un presupuesto 2018 que asigna cuantiosos recursos para los partidos y la burocracia obsesa, a pesar de la promesa de liposucción institucional. Prometer no empobrece, cambiar la constitución es lo que aniquila.