La obsesión regulatoria del sistema legal electoral sólo ha provocado la simulación democrática y el perfeccionamiento de los métodos para evadirla.
La migración de las campañas a Internet, el monopolio de la dádiva, el financiamiento privado múltiple, la penetración del crimen organizado en las campañas, el impedimento para que los ciudadanos puedan hablar abiertamente de sus aspiraciones y la reelección condicionada son muestras de ello.
Un análisis realizado por el especialista en derecho electoral y ex consejero del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), Demetrio Juaristi Mendoza, propone que ante el fracaso de la imposición de candados para atajar la corrupción electoral, se abra un sistema totalmente desregulado pero con acento en la fiscalización.
“Lo que hay que hacer es aprovechar y que este proceso electoral 2018 sea el último de una forma de entender la democracia y organizar las elecciones que debe rebasarse, con instituciones mucho más ligeras, menos obesas, más prácticas, que puedan incidir en el actuar de la gente pero que tengan mando de verdad. Mejor quita las prohibiciones y poner otros tipos de controles, que pueden ser fiscales”.
Para Juaristi la inoperancia del actual sistema regulatorio electoral se ve en cuestiones tan evidentes como la migración hacia el internet y redes sociales de las precampañas de quienes aspiran a cargos de elección popular, porque ni está regulado ni es posible controlarlo.
“Quién te va a decir: sí, yo le pagué tanto a una empresa por el manejo de redes, pues nadie”.
Otro tema es el del financiamiento, donde por un lado se imponen topes pero se deja a la interpretación de la autoridad la nulidad, porque existen criterios que establecen que ello sucede sólo si se rebasa en determinado porcentaje.
“¿A los narcos y a los grandes intereses les importa que esté regulado? No, siguen interviniendo y siguen pagando, y eso nos lleva a un sistema bipolar: sobreregulado por un lado y, por el otro, sin cumplir nada. ¿Cuánta gente está en la cárcel por un delito electoral?”.
Juaristi Mendoza estima que se debería permitir que las empresas entrar financieramente a las campañas de manera transparente, de modo que mientras les quitas esa carga al presupuesto público obligas a que los recursos que inviertan los partidos políticos y candidatos sean los que realmente puedan captar, y así se eliminan cuestiones oscuras.
El también ex presidente de las comisiones de Capacitación y Organización Electoral, Jurídica, del Registro Federal Electoral y de Educación Cívica del organismo electoral estatal señaló que no se debería impedir que los ciudadanos que tengan una aspiración puedan hacerlo público e incluso realizar actos tendientes a ello, siempre y cuando no haya desvío de recursos públicos.
Además, según él, la reelección es otra muestra de la incongruencia regulatoria sobre los procesos electorales y las aspiraciones políticas de los ciudadanos, pues ésta aplica sólo para quienes la busquen por el partido que los hizo ganar el cargo, lo que va contra el derecho de los electores a votar por aquel que ha tenido un desempeño positivo en su administración.
