Si algo urge en el servicio público, es dignificar el quehacer de la política y para esto, necesitamos personas íntegras y honestas; aseguró el diputado local Paul Ospital Carrera.
“Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, pusieron en el centro del debate a las niñas y los niños y las mujeres violentadas, para dar paso a una reforma constitucional que busca cerrarle las puertas del servicio público a los violentadores. Y es que, lamentablemente, la violencia familiar y la discriminación y violencia contra las mujeres, ha ido en aumento en nuestro estado”.
El diputado priista recordó que Querétaro ocupa el tercer lugar como estado que ejerce la violencia en contra de las mujeres, con el 75.2 por ciento, además dijo, tiene el primer lugar en violencia contra la mujer dentro de las escuelas, con el 40. 3 por ciento: “sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 88.4 por ciento de las mujeres, cuando sufre violencia, no lo hace del conocimiento de la autoridad”.
Ospital Carrera dijo que, como diputados, les corresponde aportar para cambiar esta realidad que vive el país y el estado: “la sociedad sueña y espera servidores públicos y representantes populares íntegros y honestos; por lo que no podemos permitir que los violentadores lleguen a estos cargos, porque lo único que se lograría, es perpetuar su poder”.
Paul Ospital, añadió que, si bien el concepto ya está agregado en las diversas reformas electorales aprobadas en julio pasado, era necesaria una reforma constitucional, que aprobaran también los municipios, para dejar las reglas claras en este sentido.
Finalmente, el diputado local del PRI, Paul Ospital Carrera dijo que, si los violentadores le han hecho difícil y muchas veces, imposible, el camino a sus hijas e hijos o a las mujeres, no podemos darles un camino fácil para acceder a estos cargos: “por supuesto que puede haber amparos en contra de esta reforma; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una controversia en la que señala que sí puede negárseles el derecho a ser votados”.
