Los partidos políticos siguen sin cumplir con las reglas de equidad de género pues, durante el más reciente proceso electoral, incumplieron con destinar al menos el 40 por ciento de sus recursos públicos a las candidaturas encabezadas por mujeres.
Durante la sesión ordinaria del INE, la consejera Carla Humphrey subrayó la omisión de los partidos de esta ordenanza de destinar el 40 por ciento de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local.
Incluso, la consejera Humphrey refirió que sólo en cuatro entidades se cumplió este requisito y externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150 por ciento del monto que no se destinó.
Por su parte, la consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40% para mujeres.
Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad.
De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.
Asimismo, en la sesión, el consejero Martín Faz señaló que las infracciones más recurrentes y encaminadas a dificultar las tareas de auditoría en tiempo real, así como aquellas que transgreden los cimientos del modelo de fiscalización merecen un estudio más amplio para prevenir su repetición.
De igual forma estimó indispensable reconocer que, ante la premura con que deben dictaminarse y resolverse la fiscalización, resulta muy complejo investigar a fondo la veracidad y legalidad del total de las operaciones registradas.
“Necesitamos llegar al fondo del asunto y descubrir si las operaciones fueron reales, tangibles y materiales, y si no lo fueron, identificar a las personas físicas responsables a efecto de estar en posibilidades de allegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales los elementos probatorios que requiere para que se apliquen las sanciones penales que correspondan”, abundó.
El consejero José Roberto Ruiz llamó la atención sobre 84 candidaturas que no fueron fiscalizadas y que requieren el inicio de un procedimiento oficioso ante la importancia de cumplir con el mandato de completar el ejercicio de fiscalización.
“No debe pasar que haya personas que sí fueron votadas, que aparecieron en los PREP, pero no fueron fiscalizadas; no lo podemos componer, pero sí podemos dar cuenta y transparentar cuáles fueron esos ingresos y gastos en esas campañas”, sentenció.
