Los abogados de la familia del presunto feminicida de Perla Citlali Martínez,se deslindaron públicamente del imputado y aseguraron no formar parte de su defensa legal, al tiempo que denunciaron presuntos abusos cometidos por autoridades estatales durante las investigaciones. En conferencia de prensa, el abogado Javier Cervantes Ruiz, del Grupo Diamante Bufete Jurídico, fue enfático al declarar: “En ningún momento somos defensa del investigado”.
La defensa señaló que el pasado 13 de marzo de 2026, elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizaron cateos simultáneos en al menos seis domicilios relacionados con la familia Olvera Hernández, además de asegurar 12 centros de trabajo y seis vehículos, acciones que calificaron como ilegales y arbitrarias.
De acuerdo con testimonios presentados, entre ellos el de Claudia Licea Cortés, quien es la segunda esposa del padre del imputado, dijo que durante los operativos los agentes habrían ejercido presión directa sobre los familiares con frases como: “Díganos dónde están y dejamos de hacer todo esto”, lo que fue señalado por la defensa como un acto de presunta extorsión institucional.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos fue el caso de una menor con discapacidad visual, a quien presuntamente le fueron retirados dispositivos esenciales para sus terapias, además de que su perro de apoyo fue asegurado por la autoridad y posteriormente entregado sin vida.
Asimismo, denunciaron que el hijo del presunto feminicida, un menor de cinco años, permaneció retenido durante 15 días en instalaciones del DIF estatal, y que solo tras la intervención de instancias federales como la Secretaría de Gobernación y el DIF Nacional, el niño fue entregado nuevamente a su familia.
Finalmente, los familiares reiteraron que desconocen el paradero de Karol Olvera, quien permanece prófugo desde hace 14 meses con ficha roja de Interpol, y subrayaron que debe asumir las consecuencias de sus actos de manera individual. En ese sentido, solicitaron la intervención del gobernador Mauricio Kuri y del Fiscal General para revisar el caso con enfoque en derechos humanos, además de pedir la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República.
