Mientras que en México si se cuestiona alguna decisión del gobernante en turno él mismo organiza una marcha de protesta para defenderse, en Canadá se lleva a cabo una investigación y un procedimiento legal para analizar si la decisión del poder fue legítima o no; eso último es Estado de Derecho.
Este fin de semana se llevó a cabo en la Ciudad de México una marcha multitudinaria organizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objeto de demostrar la legitimidad de su poder en especial en respuesta a otra marcha recientemente realizada por la gente que apoyaba al Instituto Nacional Electoral (INE), esto a raíz de la intención que tiene el mandatario de desaparecer dicha institución. Esto parece más una competencia de popularidad que un acto de un gobierno donde impera el Estado de Derecho y el imperio de la ley.
Vayamos al caso de Canadá… En enero de 2022, un grupo de transportistas de todo el país, emprendieron una caravana de camiones con destino a Ottawa, la capital del país, y hacia algunos de los puentes fronterizos con mayor tráfico hacia los Estados Unidos. El motivo era protestar contra las medidas de control sanitario por la pandemia y en particular los mandatos de vacunación obligatoria que decían ellos estaba afectando sus operaciones.
Cabe señalar que, como en muchos otros países, aquí también las medidas para controlar la pandemia fueron extensas, estrictas y no agradaron a ciertos grupos de personas; sin embargo, la mayoría de la población canadiense estuvo de acuerdo con los confinamientos, uso de cubrebocas y 2 años después con las masivas campañas de vacunación.
Algunos reportes noticiosos indicaron que este movimiento de protesta encabezado por los camioneros fue en parte instigado y patrocinado por ciertos grupos de Estados Unidos. Esta protesta duró unas 3 semanas, paralizó el centro de Ottawa, con docenas de tractocamiones parados en las afueras del Parlamento (sede del poder), mientras que otros grupos detuvieron el tráfico de vehículos y mercancías en los cruces fronterizos.
Quizá el mayor impacto, y lo que finalmente presionó al gobierno de Justin Trudeau a actuar como lo hizo, fue el de carácter económico. Porque este acto causó perdidas de miles de millones de dólares en ambos lados de la frontera (Canadá y Estados Unidos), que hizo al Presidente Joe Biden llamar a Trudeau para pedirle que hiciera algo al respecto.
La reacción de Trudeau fue invocar por primera vez en la historia una herramienta legal creada en 1988, la llamada Acta de Emergencias, la cual autoriza al gobierno a tomar medidas temporales extraordinarias que incluyen el uso (exesivo) de la fuerza publica y otras medidas como congelar cuentas de la gente y empresas que estuvieron patrocinando la protesta.
Aun cuando la gente apoyó la disolución de la protesta, desde el principio tanto partidos como ciudadanos se quejaron de que la invocación de dicha acta fue excesiva, que realmente el país no corría un riesgo tan grande que ameritara su aplicación (que no duro más de 2 semanas).
De este modo, hace unas semanas empezó un proceso que semeja un juicio público, con abogados, investigaciones y testigos, donde han sido interrogados (con todo y sus respectivos abogados) tanto a los lideres de la protesta como a jefes policiacos y autoridades involucradas, incluso el mismo Primer Ministro.
En su momento la Ministra de Defensa explicó que, aun cuando algunas autoridades locales pedían la intervención del ejército, el rol de las fuerzas armadas no es en ningún momento reprimir o contener manifestaciones ciudadanas, ésa es tarea de los cuerpos policiacos.
La idea es demostrar que, según los reportes de inteligencia, el impacto en su momento y el riesgo de que el movimiento podía tornarse violento y que habrían puesto en peligro la vida de uniformados y ciudadanos. O si se llevó a cabo una serie de medidas autoritarias que rebasan el Estado de Derecho.
Y ese es el punto, cuando existe un Estado de Derecho, existen (o deberían existir) mecanismos que revisen -a la luz de la ley- la legitimidad de los actos de gobierno, lo que llaman contrapesos y controles, porque nadie esta por encima de la ley.
En una democracia mal entendida, se habla en cambio de encuestas populares donde -claro- gana quien mete más dinero a las campañas propagandísticas o que por carisma o por intimidación junta más gente en las calles para apoyar una protesta. Cuando existen leyes, instituciones y mecanismos legales, no se le pregunta al pueblo si se actuó mal o bien, o si es un gobernante debe hacer esto o aquello. Se revisan los hechos a la luz de la ley, con investigaciones, llevando a declarar a las partes involucradas.
La investigación del uso del Acta de Emergencias en Canadá demuestra que el gobierno en turno no es perfecto, comete errores, excesos, pero hay contra pesos y mecanismos legales que lo cuestionan e investigan. Eso es un Estado de Derecho.
Hacer marchas para contraatacar marchas entre el pueblo y el poder, como está pasando en México no tiene sentido. Las marchas son, o debieran ser, una herramienta del pueblo para interrumpir el estado de cosas (status quo) y protestar contra actos de gobierno injustos. Quien ejerce el poder tiene otros mecanismos, otras herramientas para hacer valer sus decisiones, no ir a tomar las calles, crear desorden, cuando su deber es mantenerlo.
Incluso se dice que miembros del mismo ejercito mexicano fueron obligados a sumarse a la marcha del presidente. ¿Qué tiene que hacer la milicia? Como diría mi abuela, zapatero a tus zapatos, cada institución debería limitarse a realizar las funciones para las que fueron creadas, como indica la ley, como operan las naciones donde impera el Estado de Derecho.
