La Fiscalía General de la República informó que recibió, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición a diez ciudadanos mexicanos requeridos por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Sin embargo, la dependencia encabezada por Raúl Jiménez Vázquez, Fiscalía Especializada de control competencia de la FGR aclaró que no se trata aún de un proceso formal de extradición, sino únicamente de una petición cautelar para asegurar a los señalados mientras se presenta el expediente completo.
En un posicionamiento inusualmente duro, la Fiscalía sostuvo que tras revisar el pedimento encontró que no existe ninguna referencia, fundamento o evidencia que justifique la urgencia de las capturas provisionales, requisito indispensable en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos.
Además, señaló que tampoco fueron anexadas pruebas suficientes que acrediten la comisión de delitos que hagan impostergable la medida solicitada, por lo que consideró improcedente actuar de manera automática.
La institución advirtió que una detención provisional implica restricciones a derechos humanos y, por ello, solo puede autorizarse con bases jurídicas sólidas y elementos probatorios robustos.
Ante ese escenario, la FGR notificará a la Cancillería mexicana para que solicite al gobierno estadounidense información complementaria, documentos y pruebas bajo canales confidenciales, con el fin de volver a analizar el caso.
El mensaje también incluyó un componente político: la Fiscalía afirmó que su compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional, en medio de la creciente presión bilateral por investigaciones ligadas al crimen organizado.
El caso abre un nuevo episodio de tensión jurídica entre México y Estados Unidos, donde las exigencias de cooperación en seguridad chocan con los estándares procesales y el discurso de soberanía del gobierno mexicano.
