Académicos y representantes de organismos electorales reconocieron que la consulta popular del 1 de agosto es un ejercicio ambiguo, pero impulsa la participación ciudadana, aunque necesitará una alta participación de la lista nominal de electores.
Durante el “Diálogo Estatal de la Consulta Popular” que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE), se hizo un análisis del ejercicio que se tendrá en unos días sobre la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Luego de que la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, Ana Lilia Pérez Mendoza, resaltara el marco legal para la realización de la consulta, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Marcela Ávila Eggleton, puntualizó que las consultas se presentan como una opción en medio de las crisis de representación de los partidos.
Añadió que cada vez se hace más uso de estos mecanismos de participación política, aunque muchas veces no solo se responde el tema en específico, porque se convierte en una consulta de la propia gestión, con relación a la popularidad del gobierno que organiza el ejercicio.
A su vez, la investigadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Reygana Morales, puntualizó la ambigüedad de la pregunta que se lanzará el 1 de agosto.
“Es una pregunta que cumple con los requisitos, sin embargo, es una pregunta ambigua y no exenta de controversia”, resaltó la investigadora.
Asimismo, el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Ricardo Gutiérrez Rodríguez, subrayó la importancia de la consulta popular como un ejercicio más de participación ciudadana,
Sin embargo, el magistrado advirtió que para que la consulta sea vinculante, se requiere la participación del 40 por ciento la lista nominal de electores, es decir, unas 37 millones 424 mil 106 personas y en Querétaro, al menos 700 mil personas, de no ser así, no habría efectos sobre la responsabilidad gubernamental.
