Al rendir el primer informe de actividades de la Sexagésima Legislatura de Querétaro, el presidente de la mesa directiva, Antonio Zapata, reconoció en la Ley de Aguas uno de los temas más polémicos abordados en los últimos meses.
“Este tema ha sido uno de los más sensibles, ciertamente generó polémica, pero también de mayor beneficio para la sociedad queretana”, expresó el legislador.
La Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro era necesaria pues la legislación vigente con anterioridad contenía disposiciones que dificultaban la operación de la Comisión Estatal de Aguas.
Con el nuevo ordenamiento “se regulan las condiciones para que se cuente con la infraestructura” hidráulica necesaria en la ciudad, “se eliminan los macromedidores y no se permitirá su instalación en los nuevos desarrollos” abundó Zapata Guerrero.
Enfático, negó que las disposiciones de la nueva ley impliquen una privatización del servicio
“No se privatiza el agua, al contrario, se establece de forma clara las condiciones las reglas de operación para las concesiones que opera el estado, se promueve la inversión en infraestructura hídrica, se tiene que mejorar la que ya tenemos”, abundó.
En otros temas, destacó la aprobación de las iniciativas que permiten desarrollar el Gobierno Digital y la Firma Electrónica, «mecanismos que simplifican la vida de las personas, en el día a día, disminuyendo la tramitología».
Asimismo, se aprobaron disposiciones como la Ley del Notariado, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la Ley de Obra Pública.
Las leyes referidas, dijo, implican la simplificación de trámites y la generación de medios para que la tecnología sea amigable con las y los ciudadanos, que faciliten en el día a día los trámites y la no duplicidad de requisitos.
