Por violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y a la integridad personal, la DDHQ emitió la Recomendación (250) 3/2022 contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).
Esto por los hechos violentos registrados el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora y en agravio de las personas asistentes al partido de futbol entre el Club Querétaro y el Club Atlas de Guadalajara.
“Esta Defensoría, inició la queja de oficio DDH/98/2022 el mismo día en el que se dieron los hechos y tuvo como prioridad durante las primeras horas el contacto, la asesoría y acompañamiento a las víctimas, e inició de manera diligente las indagatorias del caso”, refirió en conferencia de prensa el Ombudsperson, Javier Rascado Pérez.
En su recomendación, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) consideró que, tras analizar las evidencias recabadas, los hechos constituyen violaciones a los derechos humanos atribuibles al personal adscrito a la CEPC, la SSC y la SSMPQ, por la indebida prestación del servicio público, la falta de debida diligencia en la función de seguridad pública, las omisiones en relación con las actuaciones de empresas de seguridad privada y las omisiones en la implementación de medidas y acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron al evento deportivo.
Entre las recomendaciones destacan la creación de un grupo interdisciplinario que deberá dar cumplimiento y seguimiento a los puntos recomendatorios, entre otros, realizar la investigación para identificar y recabar la información de todas las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2022 en el estadio Corregidora; y, a partir de ello, se gestione su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
También deberán revisar la normatividad aplicable a eventos donde exista concentración masiva de personas y donde se regulen y otorguen facultades a empresas de seguridad privada; a efecto de que presenten un paquete de reformas legislativas y administrativas, que originen nuevas disposiciones normativas en ambas categorías, para prevenir, delimitar, coordinar, controlar y sancionar de manera efectiva actos u omisiones que propicien la vulneración a derechos humanos; así como impulsar la implementación de políticas públicas integrales para su cumplimiento.
Las dependencias involucradas tendrán que rendir un informe detallado a la Defensoría, en un plazo no mayor a 30 días naturales, para que expongan las estrategias a seguir y los plazos para dar cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios anteriormente establecidos.
Las tres autoridades a las que va dirigida la Recomendación, de acuerdo con lo establecido en la ley, cuentan con un término no mayor a 15 días naturales para aceptar o rechazarla, y en consecuencia se inicien los plazos para su debido cumplimiento.
