La activista Mayra Dávila Alvarado, integrante del colectivo Adax Digitales, informó que al menos cinco servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro serán investigados debido a irregularidades en el caso de una menor de 14 años, quien hasta hace unos días enfrentaba acusaciones de homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo, presuntamente derivado de una violación sexual.
Dávila Alvarado explicó que estos funcionarios, entre los que se encuentran peritos, médicos forenses, asesores jurídicos y fiscales, habrían integrado de manera errónea la carpeta de investigación en el presunto delito de violación, que fue desechado en su momento, así como en la carpeta que imputaba a la adolescente el delito de homicidio. “No es posible que se sigan estos tipos de casos, en donde no se tiene ningún tipo de responsabilidad en contra de los malos servidores públicos”, expresó.
El caso tomó relevancia nacional, y ayer fue anunciado el desistimiento de la acción penal contra la menor. Este anuncio, hecho por la secretaria de las Mujeres a nivel federal, Citlali Hernández, y el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, fue descrito por Dávila como resultado de una “verdad jurídica” y no de un “acuerdo político”.
La activista destacó que, aunque el proceso hubiera llegado a juicio, la inocencia de la menor y las deficiencias de la carpeta habrían permitido ganar el caso. Recalcó que este desenlace es fundamental para exigir que estos servidores sean retirados de sus funciones para evitar que más personas pasen por procesos injustos similares. “Esto no fue un triunfo de un acuerdo político, sino nada más que la verdad jurídica”, concluyó.
