Por Emiliano Fernández y Verónica Anaya (MCCI)
Un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación identificó que entre 2019 y 2020 los gobiernos de 21 estados realizaron 27 mil 854 pagos a 4 mil 160 trabajadores difuntos.
De los 156.4 millones de pesos pagados a personal educativo fallecido en ambos años, las autoridades estatales solventaron 115.7 millones de pesos, de los cuales 76.7 fueron justificados con documentación y 39 millones fueron reembolsados a la Tesorería de la Federación.
La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.
La ASF determinó 38.6 millones de pesos pendientes por aclarar, que derivaron en acciones administrativas e incluso probables daños al erario, y en el resto de los recursos (alrededor de 2 millones) no se detalla si fueron justificados o devueltos.
Los recursos analizados del FONE corresponden a partidas identificadas como “nóminas estatales subsidiadas”, “FONE servicios personales SEP” y “gastos de operación y entero a terceros institucionales”. Con estas aportaciones, la Federación cubre el pago de nóminas a personal educativo que ocupa las plazas transferidas a los estados, así como servicios personales.
En 2020, la Auditoría detectó que 107.9 millones de pesos de dicho fondo federal fueron a dar al pago de salarios a maestros que ya habían muerto. Ocho estados —Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán— no solventaron las observaciones por pagos realizados a trabajadores fallecidos por un monto cercano a los 7.2 millones de pesos.
Sin embargo, la problemática no es nueva e incluso se presentó en mayor proporción en el ejercicio anterior. De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 2019 las entidades pagaron 48.4 millones de pesos a personal identificado como decesos, de los que 19 estados no solventaron pagos por 31.4 millones de pesos.
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, son las entidades con pagos pendientes por aclarar de ese año a personal fallecido.
