En la investigación del homicidio de Samir Flores la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ni siquiera estableció como una de las líneas del caso el activismo de la víctima, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Samir Flores, opositor al denominado Proyecto Integral Morelos (PIM), del cual forma parte la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca, fue asesinado a balazos la mañana del 20 de febrero de 2019 afuera de su domicilio.
En un comunicado de prensa la CNDH informó que tras el homicidio, activistas reportaron que un día antes del crimen, durante una asamblea, Samir Flores se confrontó verbalmente con Hugo Eric Flores Cervantes, entonces Delegado Federal para los Programas de Bienestar en Morelos.
A pesar de que la Fiscalía contaba con esa información, en su investigación no incluyó la declaración de las personas involucradas en la asamblea.
“Posterior a los hechos, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil informaron que la víctima había cuestionado al delegado de Bienestar Social durante la asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos, ante funcionarios estatales y federales.
“Sin embargo, y pese a su activismo, las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados, ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima”, señaló la Comisión Nacional.
Además, entre las irregularidades y omisiones cometidas por los funcionarios de la Fiscalía que han impedido el esclarecimiento del caso, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a un hombre el homicidio, quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba preso por diversos delitos.
También esos funcionarios de la Fiscalía agregaron, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dijo haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
“Es importante señalar que meses después del asesinato de la víctima se integró este testimonio a la carpeta de investigación, el cual sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien, como se dijo, ya se encontraba en prisión por otros ilícitos contenidos en una carpeta de investigación diferente por tentativa de homicidio, posesión simple de droga y delitos cometidos por conductores de vehículo de motor”, indicó la CNDH.
La conclusión del organismo es que las autoridades ministeriales de la FGE fueron negligentes en la investigación del homicidio del defensor de la tierra y el territorio, quien se opuso a construcción de Termoeléctrica en Huexca.
Por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 103/2022 al Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio de un activista social y su familia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía Estatal.
Incluso personal de la FGE, a pesar de los requerimientos de colaboración de la Comisión Nacional a las diversas autoridades responsables de la Fiscalía Especializada de Homicidios, no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación, ni a los testimoniales de los testigos, con el argumento de la secrecía de la investigación o que la CNDH no era parte interesada.
«Del análisis lógico-jurídico del expediente, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal de Morelos en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de la víctima, por lo que es necesario que se continúe con la integración de la carpeta y se tome en cuenta, entre otras líneas de investigación, el antecedente de que la víctima era defensora de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositora al proyecto termoeléctrico”, señaló el organismo.
Como parte de la Recomendación de la CNDH, el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, debe brindar la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso, que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
También que se otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran las víctimas y colaborar en la presentación y seguimiento ante la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos con la denuncia administrativa que este Organismo Nacional interponga en contra de tres personas servidoras públicas del personal ministerial que han participado en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.
“Se pide, también, que emita una circular al personal ministerial que integra la carpeta de investigación para que lleven a cabo sus funciones bajo su marco normativo y se otorgue las facilidades necesarias al personal de organismos de protección de derechos humanos para realizar las consultas respectivas.
“Asimismo, la Fiscalía General del Estado debe diseñar e impartir un curso obligatorio de capacitación en materia de derechos humanos a los ministerios públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en Homicidios relacionado con la integración de investigaciones ministeriales y la recolección de indicios o datos de prueba que permitan el perfeccionamiento de las investigaciones, a fin de que cuenten con los conocimientos y sensibilidad necesarios para dar trato digno a las víctimas y prevenir hechos similares a los que dieron origen a esta Recomendación”.
