Diputadas de Morelos, integrantes del grupo denominado G-8, conformado por legisladoras de Morena, del Partido Encuentro Social, del Trabajo y Redes Sociales Progresistas, anunciaron que si continúa la violencia política ejercida por sus compañeros en su contra instalarán este martes un plantón en el Congreso del Estado.
“Hemos decidido a que si hoy nosotras no vemos un cambio de actitud, un cambio de forma de cómo se están realizando las cosas en el Congreso, vamos a realizar un plantón permanente a las afueras del Congreso.Estamos dispuestas a estar señalando pacíficamente todas las arbitrariedades y toda la violencia que estamos sufriendo las diputadas y diputados que estamos aquí presentes.
“Este plantón iniciaría si nosotros vemos que el día de hoy hacen alguna acción arbitraria en el tema de la sesión, ya que hemos estado nosotros con esa incertidumbre o con esa inseguridad de no saber si al iniciar la sesión van a pretender sabotear o sorprender con una acción, si eso sucede nosotras iniciaremos el plantón inmediatamente”, expresó la diputada Ariadna Barrera.
En una conferencia de prensa, el G-8 denunció que sus colegas han ordenado medidas en su contra que van desde el no suministrarles papel higiénico para sus oficinas, hasta despedir a su personal y quitarles las presidencias de varias comisiones legislativas.
“Nos retuvieron pagos, nos quitaron las comisiones que presidíamos, asimismo nos quitaron todo nuestro personal, que de manera indebida lo dieron de baja desde el mes de diciembre del año pasado.
“Se ha llegado a tal gravedad que hoy en día no se nos provee de papelería para la oficina, incluso no se nos provee de papel higiénico y el día de ayer llegaron al extremo de dejarnos sin agua para los baños, los excusados.Con esas acciones es más que obvio que el G-11 no está dispuesto al diálogo, como lo pretenden hacer saber a la ciudadanía”, expresó el diputado Alejandro Martínez Bermúdez.
Estos hechos han sido denunciados ante diversas instancias, entre ellas el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
“Denuncias pendientes en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, denuncias en los tribunales electorales, ya por este conflicto como ustedes saben Gobierno del Estado interpuso una controversia constitucional porque a él también lo mete en un procedimiento jurídico y hay más acciones que me reservaría, compañero, precisamente por el trabajo positivo que queremos que salga de esta cuestión jurídica, a veces la justicia tarda un poquito, pero sabemos que tenemos la razón, porque lo que se está violentando son marcos nacionales e internacionales”, expresó la diputada Paola Cruz.
Las integrantes del G-8 aseguran que detrás de estas acciones está el obligarlas a permitir que los integrantes del G-11 tomen el control de la estructura de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), cuya labor es fiscalizar las administraciones municipales que encabezaron en el Trienio pasado algunos de los diputados.
“En el tema de la ESAF ellos desde el principio la han vuelto una moneda de cambio, y asumo mi responsabilidad en lo que voy a decir, en una reunión sí estuvo la propuesta de que se regresaban las comisiones, siempre y cuando se regresara a dos grupos parlamentarios el tema de la titularidad o la estructura de la ESAF, de manera oficial no hay un documento que pueda avalar este tema, pero la propuesta que ellos quisieran sumar tiene que ser un tema de votación y sobre todo el tema del conflicto de intereses que se están presentando”, dijo la diputada Érika Hernández Gordillo.
