Tras recibir solicitudes de ciudadanos y organizaciones para promover una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un estudio jurídico.
«Desde el momento de la publicación de la mencionada Ley, el equipo encargado de efectuar el examen constitucional de las normas generales y en su caso, proponer la demanda de acción de inconstitucionalidad de esta Comisión Nacional, inició el estudio de la misma, analizando los debates que tuvieron lugar en el Congreso del Estado el pasado 19 de mayo, además de que revisó cuidadosamente las propuestas de grupos y organizaciones en pro y en contra, y se escuchó la opinión de quienes solicitaron audiencia para manifestar sus posturas particulares y, desde luego, se entabló comunicación con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro», indicó la CNDH en un comunicado.
El análisis realizado concluyó que la denominada Ley de Aguas de Querétaro y las concesiones del servicio de distribución que contempla la normativa están apegados a la Constitución.
«Esta Comisión Nacional concluyó, primeramente, que la posibilidad de concesionar el servicio de agua potable no contraviene algún mandato de rango constitucional y convencional, pues la propia Ley Fundamental permite la concesión de servicios públicos en el artículo 28, párrafo décimo quinto» abundó la CNDH.
Además, si el abastecimiento de agua potable es un servicio público a cargo de los municipios o los estados, según corresponda, este puede ser objeto de concesión, siempre y cuando se respeten los límites constitucionales y legales aplicables, abundó el organismo defensor de los derechos humanos.
La víspera, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro se pronunció en el mismo sentido .
