En rueda de prensa este 8 de marzo, agrupaciones feministas en Querétaro denunciaron la persistente violencia institucional contra las mujeres y la falta de mecanismos efectivos para garantizar su seguridad y acceso a la justicia.
Marlene Martín, integrante de Las Temis A.C., leyó un pronunciamiento en el que señaló que, pese a los recursos públicos asignados, el Estado sigue en deuda histórica con los derechos de las mujeres.
En los primeros dos meses de 2025, se registraron 14 mujeres desaparecidas en Querétaro: siete son niñas y adolescentes, y siete son adultas.
Las activistas mostraron las fichas de búsqueda actualizadas hasta el 6 de marzo, pero advirtieron que la cifra podría aumentar. “Los protocolos de búsqueda no se activan, ni hay difusión adecuada. Las autoridades minimizan estos casos, especialmente cuando son menores”, denunció Martín.
Las mujeres que deciden abrir una carpeta de investigación enfrentan un proceso desgastante: abandonan sus trabajos, reviven traumas y, en muchos casos, son revictimizadas por las instituciones.
“Las asesoras jurídicas ni siquiera están dentro de los Centros de Justicia para Mujeres. Las víctimas tienen que buscarlas en otros lugares, lo que deja sus denuncias mal integradas y sin seguimiento”, explicó.
Esto deriva en carpetas incompletas, delitos no judicializados —como violencia familiar, amenazas o lesiones— y cero reparación del daño.
Las activistas cuestionaron la actuación de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Sonia Rocha, por priorizar “pasarelas políticas” sobre acciones concretas.
“En lugar de garantizar derechos, vemos a la titular elogiando al gobernador mientras incumple apoyos básicos como la tarjeta Contigo o becas para estancias infantiles”, afirmó Martín.
Las colectivas también exigieron sensibilizar sobre el “tiempo propio de las mujeres”, un concepto que alude a la necesidad de redistribuir labores de cuidado y promover la corresponsabilidad familiar.
“No podemos seguir cargando solas con el trabajo doméstico, el acompañamiento a víctimas y la lucha por nuestros derechos. El Estado y las familias deben asumir su parte”, demandaron.
