La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU expresó, en redes sociales, que “es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos”, al referirse a la audiencia a las activistas queretanas que participaron en las protestas del #8M.
En sus redes sociales, recordó lo señalado por diversas instancias sobre el uso del derecho penal y la protesta social, en donde se define la criminalización de la protesta social como el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes por su participación en una protesta social.
Agregó que la criminalización de la defensa de los derechos humanos tiene un efecto disuasorio para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía.
“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales inician en la defensa de sus derechos humanos. Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, las detenciones que no sean acordes a derecho, no sigan los procedimientos aplicables o no sean proporcionadas, razonables y necesarias pueden ser consideradas detenciones arbitrarias”, expresó.
Añadió que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “ha destacado que las detenciones consecuencia directa del ejercicio de ciertos derechos, como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, son consideradas arbitrarias per se”.
