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Guerra entre carteles en Michoacán, detonó éxodo de 70 mil habitantes

En los últimos meses, en Michoacán se registró un éxodo de más de 70 mil personas principalmente de 23 municipios de la entidad, a consecuencia del temor en el que viven, ante la cruenta batalla que mantienen los carteles de las drogas.

Estadísticas proporcionadas por el presidente de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, indican que los municipios que muestran mayor migración forzada se encuentran en tierra caliente, así como aquellos que colindan con Guerrero, Colima y Jalisco.

Sin precisar el número exacto de los afectados, el ombudsman michoacano, compartió que han detectado un gran número de viudas y huérfanos, víctimas de la violencia en la entidad.

Compartió que la CEDH ha emitido diversas recomendaciones a las autoridades estatales para que garanticen la ciudad de los michoacanos, las cuales han sido ignoradas.

Ante los oídos sordos del gobierno del Estado, pidió ayuda a su homólogo nacional, para que fuera la CNDH quien abriera una carpeta de investigación y exigiera a la Federación atención inmediata, sin embargo, también fueron desdeñados.  

“Estamos intentando que la autoridad federal, nos ponga un poco más de atención, porque efectivamente no hemos tenido mucha respuesta de la autoridad federal, para que nos auxilie en el trámite de la queja, ya sea que ellos capten la queja o que se ejerza una investigación por violación grave”, anheló.

Tinoco Álvarez, espera que se inicie una carpeta de investigación, por parte de la CNDH, tal y como sucedió con el multihomicidio en Apatzingán, sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta.

como lo que sucedió en Apatzingán, hace algunos años con el fallecimiento de algunas personas en la plaza, que la Comisión Nacional nos ayude con eso porque nosotros, porque en la escalada de violencia y la intervención de autoridades federales, no tenemos competencia”, indicó.

Confió en que a la brevedad su homólogo nacional, los escuché y sean atendidas las recomendaciones, para que puedan dar protección a todas las comunidades y municipios que se encuentran sometidos y secuestrados por la delincuencia organizada.

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