Chicago, IL.- El uso de los fondos públicos ha servido por décadas para manipular el contenido editorial de muchos medios de comunicación. Los gobiernos utilizan las arcas públicas para premiar o castigar a la prensa, según sea el caso, además de disponer el despido de reporteros que osan hacer su trabajo y ponen en entredicho las acciones oficiales.
El Congreso mexicano aprobó en meses recientes la llamada “Ley Chayote”, que institucionaliza la propaganda oficial para ocultar la falta de resultados y malos manejos de la administración pública. Es decir, para hacer válido el viejo adagio oficial: “Yo no pago para que me peguen”.
El nuevo Poder Legislativo tiene la oportunidad de transformar la Ley General de Comunicación Social, porque su actual modelo murió con el resultado de las últimas elecciones presidenciales.
Lo primero es poner un tope al gasto gubernamental en publicidad oficial, sin favoritismos, con total libertad de expresión, base fundamental de una verdadera democracia. Es cierto, la ausencia de recursos generará una depuración de medios de comunicación, porque la gente favorecerá la permanencia y continuidad de una prensa libre, que en verdad sirva al interés común por sobre los intereses particulares de los gobernantes.
Además, el gasto de comunicación social debe tener en cuenta los medios comunitarios y también la proliferación de sitios de internet dedicados a la buena prensa y la investigación. Al final sobrevivirán los medios que sirvan al propósito fundamental del periodismo: velar por los intereses de las mayorías cuidando el actuar de quienes ejercen el poder público y empresarial.
Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación de Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que todos los convenios de publicidad serán transparentados. Para ello es necesaria una nueva ley en la materia.
El periodista no se equivoca cuando menciona que la transformación que México vive “es la irrupción de la sociedad en el debate público, que no se va a ir, éste es un fenómeno para quedarse”.
El país necesita continuar su profunda transición y consolidación como una democracia. La llamada Ley Chayote es un obstáculo para lograrlo.
