Las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación dejan muy mal parada a la gestión de Rosario Robles, quien ha sido titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Artículo 1º Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público posibilita la contratación de obras, servicios asesorías sin licitación cuando se hace entre dependencias y entidades públicas.
Bajo ese esquema de contratación, las auditorías forenses de la ASF han “observado montos con posible daño al erario por 6,879 millones de pesos”.
La ASF identifica que los programas relacionados con este daño al erario “versan, principalmente sobre desarrollo social, agrario o territorial”, es decir, los temas de las secretarías encabezadas por Rosario durante el presente sexenio.
Sin embargo, la misma ASF identifica la tabla de salvación, que evitará que la ex jefa de gobierno del DF y ahora funcionaria del gobierno federal sea imputada directamente: ella no firmó los contratos otorgados al amparo del Artículo 1º de la LAASSP.
Por eso, la ASF recomienda reglamentar dicho artículo “para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes”.
He ahí una propuesta de campaña y una tarea concreta para los próximos diputados federales: secar la laguna legal que salvó a Rosario.
