Los sucesos recientes indican que Andrés Manuel López Obrador intenta provocar perturbaciones públicas que le permitan declarar la suspensión de las garantías y dificultar las elecciones.
Para declarar un Estado de Excepción y continuar en el cargo cuenta con las élites de las fuerzas armadas (sólo ellas) y con su mayoría legislativa que claramente apoyarán lo que decida López.
Cobarde como es, sabe que ha cometido una gran cantidad de delitos los cuales lo llevarían a prisión de por vida, y si no ha sido encauzado es por su fuero, su mayoría en el Senado y su fiscal carnal.
Ha cometido durante su ejercicio delitos: Contra la humanidad, contra la dignidad de las personas, discriminación, delitos contra la salud, de corrupción, abuso de autoridad, contra el ambiente.
Delitos contra la vida, contra el honor, contra el patrimonio, con recursos de procedencia ilícita, contra el ambiente, pero nada es más grave que el genocidio contra enfermos de Covid y Cáncer.
Y todo indica que al evadir sus deberes para auxiliar a la población de Guerrero, comete delitos contra la humanidad, delitos contra la salud y delitos contra la vida y la integridad corporal,
El Código Penal Federal considera genocidio someter intencionalmente un grupo nacional de personas «a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial».
Eso fue lo que hizo al actuar en la pandemia al margen de la ley, no convocar al Consejo de Salubridad General, lo que aumentó el número de muertes por falta de atención médica y contagio.
También puede considerarse genocidio la decisión de otorgar vacunas preferentemente a su estructura electoral que a personal médico, lo que ocasionó miles de muertes evitables.
No actuar con todos los recursos del Estado para auxiliar a la población de los 47 municipios de Guerrero devastados por el huracán Otis, claramente puede acarrear la destrucción de estos grupos.
Igualmente se atenta contra la salud, especialmente la de los enfermos y de los niños, y obviamente repercute en la economía de estos grupos y en menor escala en la economía nacional.
López Obrador y la mayoría de los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia, han cometido «coalición de funcionarios», al aprobar un presupuesto que no prevé ayuda para los guerrerenses.
«Articulo 216, Código Penal Federal»… «Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley…»
«(…) Con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas», en este caso al auxilio que por deber deben otorga en auxilio de la población de Guerrero.
AMLO usa la situación de Guerrero, para enfrentar a diputados de oposición contra sus cómplices legislativos, y ya busca ayuda de los carteles asociados, todo para ocasionar la anarquía.
El Artículo 21 de la Ley de Protección Civil exige que en situación de emergencia, «el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria (…) y «deberán actuar en forma conjunta».
El 14 de noviembre López Obrador regresará por quinta vez a Badiraguato, lugar donde saludó a la mamá de «El Chapo» y a donde no tiene ningún asunto oficial importante que justifique su presencia.
¿A que puede ir a un municipio en una quinta visita impidiendo a la prensa cubrir y en una región donde la seguridad está a cargo de varios cárteles, dependiendo el tramo carretero?
La excusa es inaugurar un camino que ya ha sido siniestrado por deslaves, sin importancia nacional, y que enlaza dos narco municipios: Badiraguato, Sinaloa y Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
En marzo de 2020 en Badiraguato saludo a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a quien otorgo mayor atención que la que ha tenido con madres buscadoras de desaparecidos.
La suspensión de garantías constitucionales, que así refiere al estado de Excepción nuestra Constitución, sólo requiere la mayoría simple de las Cámaras o de la Comisión Permanente.
En caso de declarar la suspensión de las Garantías, los tratados Internacionales de México impedirían suspender los derechos políticos, la libertad de expresión, y el principio de legalidad.
Sin embrago la coyuntura de perturbaciones graves, para lo que cuenta con la militancia negra de Morena y la delincuencia, sí le permitiría anular los resultados por las causales que hay en la ley.
Aunque la Corte revisa de oficio la constitucionalidad de todo decreto de suspensión de derechos y garantías, y puede invalidarlo, la perturbación permitirá dar un golpe decisivo a la oposición.
La declaratoria permitiría limitar comunicaciones físicas o las telecomunicaciones, mítines masivos y culpar a la oposición de la anarquía, incluso es capaz de tomar la Suprema Corte.
La realidad es que hoy, hoy, hoy, dependemos del patriotismo de las fuerzas armadas, especialmente de oficiales y tropa, quienes hasta hoy han sido defensores de la Constitución.
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