La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la que los ciudadanos podrían decidir si se emprende el esclarecimiento de las decisiones tomadas en los años pasados por los actores políticos, a fin de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, tendrá un costo total de más o menos 528 millones de pesos.
En este ejercicio innecesario pues bastaría con aplicar la ley para hacer justicia, se instalarán entre 50 mil y 59 mil mesas receptoras para la admisión de la opinión de la ciudadanía.
Esa consulta el inquilino de palacio la quiere vender falsamente como el juicio a los expresidentes, pero ni es juicio y, en ella no se menciona el nombre de ningún expresidente.
Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 35, que las consultas populares son legales, no señala que sean vinculantes; es decir, que a partir de ellas, las autoridades deberán obligadamente tomar una determinación, sino cuando en ellas se registra una participación de, al menos, el 40 por ciento del listado nominal.
“Son derechos de la ciudadanía (…) VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”, se lee en el párrafo segundo, del octavo inciso, del artículo 35 de la Carta Magna.
Hasta el corte al 25 de junio de 2021, esa lista nominal de electores tenía 93 millones 439 mil 999 ciudadanos registrados.
En otras palabras, para que la consulta obligue a alguna autoridad a actuar contra ‘actores políticos de años pasados’, debería registrarse la participación de, al menos, 37 millones 375 mil 999 ciudadanos.
Yo, sinceramente, veo más que complicado que ese número se pueda alcanzar, máxime después de un largo periodo de campañas y una elección intermedia en el que, a nivel nacional la participación fue de 52.57 por ciento.
El fracaso de la payasada llamada consulta popular será, como seguramente sucederá, un duro golpe al inquilino de palacio, pero más aún un gran desperdicio de recursos públicos que, perfectamente podrían haberse dedicado a asuntos verdaderamente importante, como por ejemplo, la compra de medicamentos contra el cáncer.
El último párrafo. Me entero de un par de denuncias que la diputada y próxima regidora, Fabiola Larrondo presentó contra el abogado y columnista Alejandro Olvera. Más allá de la delicadeza cutánea de la representante popular y los modos de Alejandro que en ocasiones no comparto, expreso mi solidaridad al ejercicio periodístico de Olvera y mi demanda para que ese ejercicio no sea atacado desde las esferas del poder. Ánimo Alex.
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