En una respuesta a un reporte a la línea de emergencias 911, la Policía Municipal de Colón detuvo a dos personas acusadas de extorsión y uso fraudulento de insignias de la «Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios» (COFEPRIS) en la comunidad de La Esperanza, municipio de Colón, a mediados de septiembre del presente.
Los oficiales se dirigieron al lugar del incidente luego de recibir una denuncia en la que se informaba que dos individuos, que se desplazaban en un vehículo blanco, se habían hecho pasar por personal de salubridad y estaban llevando a cabo actos de extorsión en establecimientos locales.
Al llegar al sitio, los agentes se entrevistaron con la denunciante, quien les relató que estos individuos la habían amenazado con clausurar su tienda si no les entregaba una gran suma de dinero para evitarlo. Sintiéndose amenazada, la propietaria accedió a entregarles el dinero y, acto seguido, denunció lo ocurrido a las autoridades.
Después de verificar la información proporcionada y lograr la identificación de los sospechosos, los policías municipales de Colón emprendieron un operativo de búsqueda en la comunidad y localizaron a dos individuos que coincidían con las características reportadas. Estos individuos presentaron identificaciones que los acreditaban como personal de salubridad, pero al no poder verificar su autenticidad y considerando los actos de extorsión denunciados, se procedió a su detención.
Los detenidos fueron identificados como Nelly «N» de 37 años y José «N» de 34 años, ambos originarios de Iztacalco, México.
Este día, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se logró la vinculación a proceso de Nelly «N» y José «N» por su presunta participación en el uso fraudulento de insignias y siglas oficiales de COFEPRIS, así como por extorsión. La investigación revela que los acusados se presentaban como funcionarios de COFEPRIS y exigían recursos económicos a los dueños de negocios a cambio de no clausurarlos.
Los elementos policiales los presentaron ante el Ministerio Público de la FGR, quien realizó las investigaciones pertinentes y llevó el caso ante el Juez de la causa. El juez determinó la legalidad de la detención y, posteriormente, dictó el auto de vinculación a proceso para ambos imputados.
