Los retos en materia de violencia política por razones de género son: que las mujeres ejerzan sus derechos, los reclamos se realicen por vías jurisdiccionales, se apruebe el marco normativo particular y se lleve a cabo un análisis exhaustivo de los casos, señaló la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), en las ‘Jornadas de Derecho Electoral’ del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Al impartir la conferencia ‘Elementos relevantes de la violencia política por razones de género’ en el Instituto, la Magistrada expuso la necesidad de crear un sistema estadístico que facilite la implementación de políticas transversales para contrarrestar este tipo de violencia política e impulsar la participación de la mujer en la vida política.
Recordó que conforme al ‘Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Edición 2017’, esta forma de violencia comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Ante más de 150 asistentes, Mercado Ramírez estimó pertinente capacitar de manera constante a la ciudadanía y a los actores políticos, sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el país y las consecuencias de la violencia política por razones de género.
El Presidente de la Comisión Jurídica del IEEQ, Luis Espíndola Morales, agradeció la participación de la Magistrada y refrendó el compromiso del órgano electoral en la atención de la violencia política de género, en el ámbito de su competencia, y en la sensibilización de la sociedad sobre el tema.
De igual manera, el consejero indicó que este tipo de violencia se presenta no solo en el ejercicio del cargo, sino en precampañas, campañas, guerra sucia, denigración, propaganda electoral, injerencia indebida en la vida privada, bloqueo de financiamiento, renuncias a candidaturas, entre otros casos.