La Legislatura Estatal modificó el fideicomiso que realizarían el Gobierno del Estado y la empresa desarrolladora Advance Real Estate 2, S. de R.L. de C.V. la cual fue vinculada al empresario, Manuel Barreiro Castañeda debido a que esta empresa se declaró imposibilitada para cumplir.
Esta mañana, el Congreso del Estado aprobó una modificación al decreto que se habría publicado el 16 de junio del 2017 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a “suscribir todos los instrumentos necesarios para la instalación y operación de un parque industrial en el perímetro del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro”, lo cual implicaba la participación del Poder Ejecutivo y la empresa desarrolladora Advance Real State 2 como fideicomitentes y fideicomisarios.
De acuerdo al dictamen, la empresa en cuestión comunicó al Estado de Querétaro su imposibilidad para continuar con el desarrollo del proyecto el pasado 30 de abril, lo cual dio pie al término de su compromiso.
No obstante, el Gobierno Estatal, mantendrá los planes para el desarrollo, construcción y operación de un parque indistrial y la creación del fideicomiso correspondiente ya sin la participación de Advance Real State, lo cual fue aprobado por la totalidad de los diputados.
CASO BARREIRO
Cabe destacar que esta fue una de las tres empresas que fueron citadas durante el pasado proceso electoral en el caso asociado a la compra de un terreno por medio de la firma Manhattan Master Plan Development para ‘lavar dinero’ para la campaña del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.
De acuerdo a la acusación del abogado Joaquín Xamán McGregor, la empresa Juniserra –en la que participa Ricardo Anaya- compró un lote industrial por 10 millones de pesos a una empresa fantasma y posteriormente lo vendió por 54 millones de pesos a Barreiro a través una serie de triangulaciones financieras y prestanombres que pasaron el capital por México, Canadá, Suiza y Gibraltar.
El caso detonó durante la precampaña y permanece abierto en la Procuraduría General de la República, que a la fecha mantiene congeladas 398 cuentas bancarias vinculadas con Manuel Barreiro.