Ante la agresión que sufrió un usuario del transporte público por un conductor del transporte suburbano, el Instituto Queretano del Transporte (IQT) inició procedimiento administrativo de sanción en contra de la empresa concesionaria y el operador, a quien también se le suspendió el Tarjetón de Identificación del Operador (TIO).
“Bajo las instrucciones del gobernador Francisco Domínguez, aplicamos la tolerancia cero ante abusos de cualquier índole que pongan en riesgo la seguridad o integridad tanto de los usuarios del sistema de transporte público, como de terceros”, advirtió Alejandro López Franco, Director General del IQT.
López Franco reiteró que el Programa de Mejoramiento del Transporte Urbano está fundamentado en buena parte en los compromisos asumidos por todos y cada uno de las empresas concesionarias.
En este sentido abundó que el IQT no dudará en aplicar sanciones en contra de quienes abusen de los usuarios. Aun más, quienes reincidan podrían ser sancionado con la revocación de la concesión.
El usuario denunció en redes sociales que fue víctima de una agresión por parte del conductor, quien pretendió cobrarle un sobreprecio a la tarifa. De inmediato, personal del IQT se puso en contacto con el afectado y le ofreció acompañamiento para proceder legalmente.
Al mismo tiempo se hizo un rastreo tanto de la unidad como del conductor, quienes fueron localizados poco tiempo después. El conductor pretendió impedir y dificultar las actividades de inspección y vigilancia a cargo del IQT, además de que se negaba a proporcionar la licencia de conducir.
Por lo anterior, el IQT infraccionó al operador y a la empresa como responsable solidario y se inició el procedimiento administrativo de sanción y en caso de ser conducente se sancionará con forme a la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
Por otro lado, el IQT citó a una audiencia de conciliación al titular de la concesión, al conductor y al usuario afectado, con el objetivo de que procedan a la reparación de daños.
Esta audiencia corre de manera independiente a la denuncia que el usuario afectado presentó ante la Fiscalía General de Investigación, donde se abrió una carpeta de investigación.
