Los diputados del PRI en la LX Legislatura, Juan Guevara Moreno y Graciela Juárez Montes, presentaron una iniciativa de ley para que la Fiscalía General de Querétaro, cuente con al menos una unidad u oficina en cada cabecera municipal.
Al respecto, explicaron que el propósito de la iniciativa es que los ciudadanos puedan acudir a presentar denuncias y dar seguimiento a las mismas, sin necesidad de desplazarse fuera del municipio en el que residen, además de abonar a la cultura de la denuncia e investigación de los delitos, en relación con el derecho humano de acceso a la justicia y reparación del daño de las personas.
De acuerdo con la página Web oficial de la Fiscalía General del Estado, la zona conurbada de Querétaro cuenta con 7 unidades, más los edificios centrales de dicha corporación, así como fiscalías especializadas, mientras que para Tequisquiapan, San Juan del Río, Huimilpan, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Jalpan de Serra, Tolimán y Pedro Escobedo, tienen únicamente “Oficinas para la atención de la ciudadanía”.
Esto implica que una tercera parte de los municipios no cuenten con una oficina de la Fiscalía donde los ciudadanos puedan presentar una denuncia y hacer efectivos sus derechos humanos, tal es el caso de Peñamiller, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Ezequiel Montes y San Joaquín, siendo estos, en su mayoría, los que mayor rezago presentan o bien los que menores opciones de comunicación tienen.
“Además de lo anterior, debemos considerar que en los municipios donde no cuentan con una unidad u oficina de atención de la Fiscalía General del Estado para poder presentar y dar seguimiento a las denuncias son aquellos que, dada sus circunstancias geográficas, sus habitantes deben desplazarse desde sus hogares hasta lugares que se encuentran fuera de su municipio, lo que les implica un gasto económico adicional por los traslados y posiblemente alimentación y otros, además de la inversión en tiempo”, destacaron los legisladores.
Por todo lo anterior, esta propuesta permitiría generar las condiciones mínimas necesarias para que la ciudadanía tenga a su alcance la posibilidad de presentar una denuncia, por la comisión de un hecho delictivo.
