La propuesta de desaparición de 13 fideicomisos ha provocado una respuesta contundente de los trabajadores del Poder Judicial en México. El recorte presupuestal de más de 15,000 millones de pesos, aprobado en comisiones por una mayoría de Morena y sus aliados la semana pasada, ha llevado al Sindicato Nacional de Renovación a convocar a un paro este lunes en protesta por la afectación de sus derechos laborales. La propuesta de recorte afecta a importantes instituciones judiciales, incluyendo el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El sindicato argumenta que al menos seis de los fideicomisos que se propone eliminar están relacionados con el cumplimiento de obligaciones patronales y que este recorte comprometerá la operatividad de estas instituciones. Se ha pedido que el lunes sea declarado como día inhábil para llevar a cabo las protestas, sin embargo, los líderes sindicales han declarado que el paro será parcial para minimizar el impacto en la ciudadanía.
Además del paro, se han colocado mantas en los edificios donde trabajan los miembros del sindicato, y se ha convocado a una manifestación para el 24 de octubre afuera de la Cámara de Diputados. Los trabajadores están exigiendo el respeto de sus derechos laborales y la preservación de sus pensiones y beneficios en salud, vivienda y retiro.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado abusos presupuestarios y ha argumentado que es necesario realizar recortes millonarios en el Poder Judicial para eliminar los «privilegios» de la alta burocracia. La propuesta aún debe ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, y la oposición ha argumentado que busca debilitar al Poder Judicial por razones políticas. Las tensiones entre el Gobierno y la Suprema Corte han aumentado en los últimos tiempos, y esta propuesta de recorte es vista por algunos como un intento de socavar la independencia judicial.
Esta situación refleja las luchas políticas y presupuestarias que se están librando en México, con el Poder Judicial en el centro de la controversia. El resultado final dependerá de la votación en el Congreso y de cómo se gestionen las tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial.
