Los morenistas Arturo Maximiliano García y Luis Humberto Fernández solicitaron un proceso transparente y responsable para la elección del sucesor del fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, quien presentó su renuncia a la legislatura local ayer por la tarde.
Mediante un comunicado, expresaron su preocupación sobre la falta de transparencia en los motivos de la renuncia y la posibilidad de que esta pudiera ser utilizada políticamente.
«Apenas un día después de que se ingresara la renuncia en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, aún desconocemos las razones específicas que llevaron a un funcionario de tan alto nivel a dejar su cargo a pocos meses de finalizar su periodo constitucional de nueve años», indicó Arturo Maximiliano.
Por su parte, Luis Humberto Fernández señaló que la renuncia del fiscal no puede ser vista como un hecho aislado, ya que la consideró vinculada a la captura de altos mandos de la Policía Estatal de Querétaro y su posterior liberación.
Aseguró que la renuncia podría ser vista como un intento estratégico de facilitar que su sucesor sea votado en la actual Legislatura, lo que consideró “un acto de ingenuidad política que busca evadir el consenso con la nueva mayoría de Morena que estará presente en el próximo Congreso local. Si esta trama avanza, lo más probable es que el nuevo fiscal sea cuestionado y tenga poca legitimidad”, dijo.
De acuerdo con la Constitución y la ley aplicable, el proceso de designación del nuevo fiscal debe activarse de inmediato. El gobernador tiene la responsabilidad de presentar una terna al Congreso, que debe elegir al nuevo fiscal por una mayoría de dos terceras partes.
Ambos coincidieron en que este proceso debe ser riguroso, con las necesarias comparecencias de los aspirantes para evaluar su idoneidad, evitando procedimientos acelerados o manipulados.
Manifestaron que la seguridad de los queretanos debe ser la prioridad, subrayando que todos los involucrados en este proceso deben asegurar que no se trate de una estrategia política que beneficie a intereses personales o de grupo, sino de una medida para mantener la autonomía de la institución encargada de la persecución de delitos.
