Comerciantes establecidos, locatarios del Centro Histórico y representantes de los llamados “carritos de artesanos” exigieron a las autoridades municipales vetar del primer cuadro de la ciudad al grupo de vendedores ambulantes encabezado por Paula Porfirio, al que acusan de operar mediante intimidación, agresiones y uso de mujeres y niños para presionar en contra de los operativos de inspección. Durante una reunión celebrada este lunes, los afectados afirmaron que los hechos registrados el pasado fin de semana rebasaron cualquier límite y afectaron la seguridad de quienes trabajan de manera regular.
De acuerdo con las agrupaciones presentes, el conflicto se agravó desde el operativo de decomiso realizado el pasado 6 de diciembre, cuando —aseguran— integrantes del grupo señalado recurrieron a confrontaciones directas con inspectores y comerciantes, provocando temor entre familias, visitantes y trabajadores de la zona. Señalaron además que la continua presencia de este grupo genera competencia desleal, afectaciones económicas y un clima de incertidumbre para quienes cumplen con licencias, pagos y regulaciones.
“Consideramos que no se puede seguir usando a los niños y mujeres como escudos humanos o herramientas de presión para burlar y eludir las acciones reglamentarias mínimas para el libre comercio de sus productos, retomando argumentos ya desechados solo para amparar la impunidad”.
Los comerciantes aseguraron que la violencia ejercida por este grupo no representa a la comunidad artesanal indígena que trabaja de manera formal en el Centro Histórico y que, por el contrario, ha sido también víctima de agresiones y amenazas. Relataron que algunos de ellos han sido grabados, insultados o intimidados mientras realizan sus actividades laborales, lo que ha provocado incluso que varios opten por no acercarse a las zonas donde se registran manifestaciones.
“Los comerciantes establecidos y residentes del Centro Histórico de Querétaro alzamos la voz y exigimos a las autoridades correspondientes nos liberen, porque eso somos, rehenes de un grupo que no busca soluciones ni diálogo. Estamos hartos de las amenazas, acosos, insultos y boicots que ejerce sobre nuestras personas y comercios”.
Los representantes de las agrupaciones recalcaron que no buscan subsidios, privilegios ni apoyos especiales, sino que se garantice el cumplimiento de las reglas vigentes y se penalice a quienes incumplen la normatividad municipal. Afirmaron que el municipio ha ofrecido espacios y alternativas de reubicación que han sido rechazados por el grupo señalado, al que acusan de actuar con fines ajenos al trabajo artesanal.
Finalmente, reiteraron su llamado a las autoridades para retirar del Centro Histórico las autorizaciones otorgadas a los líderes de este grupo y frenar lo que consideran un patrón de agresiones y provocaciones que afecta la imagen urbana, la convivencia y las actividades de comerciantes formales y artesanos establecidos.
