Cuando concluya la LVIII Legislatura local, la diputada por el Partido Verde ecologista de México (PVEM), Yolanda Josefina Rodríguez Otero, se despedirá con la estadística parlamentaria más baja. Será la que menos iniciativas presentó y a la que menos le aprobaron. Pero también tendrá el record de la iniciativa que más polvo acumuló en estos 3 años.
La diputada fue víctima de la pereza legislativa en que se desempeñaron sus compañeros, quienes a un mes de concluir su periodo aún tienen por dictaminar en comisiones 519 asuntos legislativos, entre iniciativas de ley, reformas, acuerdos, exhortos y solicitudes de pensión y jubilación.
Entre esos asuntos, se encuentra la iniciativa de Ley que reforma el Artículo 259 y 263 y adiciona la Fracción I del Artículo 263 del Código Penal del Estado de Querétaro, presentada por la diputada del PVEM el 4 de diciembre de 2015, apenas dos meses y medio después de haber iniciado la legislatura, misma que espera formada en la Comisión de Procuración y Administración y Justicia ser resuelta, pese a haber sido la primera en llegar.
Ese mismo día, la entonces novel legisladora intentaba convertirse en uno de los integrantes del Poder Legislativo local más trabajadores, se unió a su homóloga del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Herlinda Vázquez Munguía, y juntas presentaron una iniciativa de Ley que reforma la Fracción XVIII del Artículo 14, y adiciona la Fracción XVII del Artículo 66 de la Ley de Educación Pública del Estado de Querétaro… la Comisión fue la misma y el destino también.
En su último Informe Trimestral que entregará a la actual LVIII Legislatura, Fernando Cervantes Jaimes, titular de la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos, da cuenta de todos los temas que aún faltan por analizar y dictaminar en las comisiones ordinarias de trabajo, para que sean votadas en el pleno.
Entre las iniciativas en la congeladora, se encuentran dos que proponen la creación del Código de Ética Parlamentaria, una presentada en 2016 y otra de 2017, y que por obligación legal debiera tener el Congreso del Estado, e incluso su ausencia fue observada por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), organismo que recomendó la creación de dicho código.
El informe de la Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos, correspondiente al periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2018, sobre los asuntos dictaminados y los que están en poder de las Comisiones, da a conocer que el convenio entre el Gobierno del Estado y la empresa Real Advance State 2 para el desarrollo de un parque industrial en terrenos aledaños al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, sigue en pie, porque la Comisión de Hacienda aún no dictamina y sube al Pleno el ‘Decreto que modifica a su similar, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘La Sombra de Arteaga’ el 16 de Junio de 2017, por el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a suscribir todos los instrumentos necesarios para la instalación y operación de un Parque industrial en el perímetro del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro’, que presentó el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, el pasado 14 de junio.
También está esperando una oportunidad la Ley de Prevención y Seguridad en la formación de las Niñas y los Niños en la Escuela, para el Estado de Querétaro, que fue presentada el 14 de abril de hace dos años, y que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación aún no ha revisado.
Pero es que en materia de violencia escolar o ‘bullyng’ hicieron poco o nada para su combate. Porque también se empolva la Iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 4 y se adiciona una Fracción al Artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, con la finalidad de incorporar los conceptos de violencia física y violencia psicoemocional, así como establecer la afectación por acoso escolar, que desde el 12 de mayo de 2017 tiene en su poder la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados.
El 17 de julio se cumplió un año que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia recibió la Iniciativa para añadir diversas disposiciones en el Código Civil del Estado de Querétaro relativas a la garantía del derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.
Pero el tortuguismo legislativo no sólo se ve reflejado en las reformas legales que tendrán que esperar para mejores ocasiones, también amenaza a al menos 371 trabajadores y sus familias que están en espera de que la Comisión del Trabajo y Previsión Social apruebe sus solicitudes de jubilación o pensión, según corresponda, para que las autorice el Pleno, y no tener que esperar a los nuevos diputados que entran en funciones el 26 de septiembre.
