El gobierno municipal de Querétaro destinará todos sus esfuerzos para brindar elementos de bienestar y seguridad a las familias queretanas, con acciones de capacitación, políticas públicas en favor de la conciliación trabajo-familia, prevención de la violencia y apoyo para la salud mental, señaló el candidato a la alcaldía capitalina, Arturo García.
Con motivo del Día Internacional de la Familia, el candidato de Morena subrayó el compromiso de su plan de gobierno para proteger a las familias que conviven en el municipio de Querétaro, con la meta de trabajar para la construcción de paz y brindarles condiciones dignas.
Se estima que el 68% de los hogares en el municipio son biparentales con jefatura masculina y el 29.5% con jefatura femenina. Datos estatales señalan que, de los 239 mil 11 hogares familiares de Querétaro, 170 mil 678 son hogares nucleares; 61 mil 689 son hogares ampliados y tres mil 992 son hogares compuestos, proporción que se replica en el municipio.
El exdiputado local panista reconoció que muchas de estas familias viven condiciones complicadas, ya que de acuerdo con el Diagnóstico: Panorámica Familiar del Municipio de Querétaro, el 37.5% de los hogares reportó atestiguar o protagonizar al menos un conflicto familiar relevante en el último año.
Las causales de conflicto más constantes fueron 26.6% por repartición del gasto, 16.7% problemas económicos y 15.1% por problema de disciplina con los hijos. Por eso, el candidato se pronunció por promover condiciones dignas para las familias, talleres de información y capacitación, así como fomentar la salud mental y emocional que incidan en mejoras para la paz en los hogares.
Esto requiere, dijo, promover la conciliación entre el trabajo y la familia, porque según la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el primer lugar en estrés laboral que está presente en el 75% de los trabajadores y en el estado, asciende al 40% de la clase trabajadora. De cada 10 personas empleadas que lo padecen, 7 son mujeres.
Maximiliano García puntualizó que todas estas condiciones tienen un impacto en las relaciones familiares y un costo social, comunitario y económico que incide en la calidad de vida, lo que se puede cambiar con las políticas públicas adecuadas.
