Las autoridades judiciales ya no podrán ocultar los casos en los que sus elementos o de cualquier corporación policiaca hayan incurrido en actos de violencia, de cualquier índole, contra un presunto responsable de un hecho posiblemente constitutivo de delito para obtener información sobre una investigación.
El nuevo Protocolo Homologado para le Investigación del Delito de Tortura pretende erradicar no sólo este hecho sino la complicidad entre las diferentes autoridades que participan en los procedimientos judiciales cuando se usan estos métodos para obtener confesiones o información de parte de los detenidos.
“Los resultados de las investigaciones sobre tortura deben ser públicos de acuerdo con los principios constitucionales y la interpretación jurisprudencial vinculante”, señala.
Y advierte que el delito de tortura es imprescriptible, esto es, que las autoridades no podrán declarar la improcedencia para la investigación de las denuncias o la acción penal que por dichos actos se les presenten argumentando que el tiempo transcurrido desde el hecho es factor para dejar de hacerlo.
Este Protocolo, suscrito por el estado de Querétaro y publicado en La Sombra de Arteaga, en enero de este año, establece que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá contar con un área especializada para la investigación de los hechos de tortura en que incurran los elementos de seguridad pública.
“Las instancias de procuración de justicia investigarán la tortura a través de un área ministerial, policial y pericial especializada”.
Y advierte que el Ministerio Público que inicie la investigación sobre la tortura deberá ser distinto del que investiga una conducta delictiva atribuida a una víctima de tortura.
En Querétaro, la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) reveló que la tortura física y psicológica aún se practican por parte de las autoridades policiacas queretanas durante el proceso de detención e interrogatorio de ciudadanos señalados de algún acto constitutivo de delito.
De acuerdo con el estudio correspondiente al 2016 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el que se tomó información de mil 972 personas que se encuentran recluidas en los distintos centros de readaptación social del estado, el 76.8 por ciento de las personas sujetas a interrogatorio aseguró ser presionada durante el mismo, y del 56.9 por ciento que dijo haber rendido y firmado su declaración, el 52.4 por ciento dijo que la policía o autoridades lo presionaron para dar otra versión de los hechos.
La ENPOL revela que el 60.7 por ciento de los detenidos permanecieron incomunicados, el 53.5 por ciento estuvo desnudo, y al 33.4 por ciento lo amenazaron con dañar a su familia.
También, un 53.4 por ciento dijo haber sufrido patadas o puñetazos antes de que la policía lo pusiera a disposición del ministerio público, el 30.8 por ciento refirió sufrir algún tipo de aplastamiento, 28.2 por ciento golpes por objetos, 10.6 por ciento descargas eléctricas.
Además, 4.8 por ciento refirió haber sufrido violación sexual, 2.3 por ciento lesiones con arma blanca y 1.1 por ciento lesiones con arma de fuego.
El INEGI explica que los principales delitos por los que se encuentran sentenciados los reos en Querétaro, son el homicidio, el robo a casa habitación, violación sexual y robo a negocio; presentándose en menor grado el secuestro o secuestro exprés, la posesión ilegal de drogas, lesiones, portación de armas, comercio ilegal de drogas, fraude, robo a transeúnte y la extorsión.
