Bangkok, 6 dic (EFE).- La depuesta líder birmana y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).
Fuentes cercanas al proceso, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, precisaron que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y a otros dos años por vulnerar la normas de la covid-19.
Horas más tarde, la televisión estatal MRTV anunció que la nobel de la paz pasará dos años bajo arresto en su actual centro de detención, una sentencia reducida después de que el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, le otorgara un indulto parcial.
Suu Kyi, que fue detenida cuando el Ejército tomó el poder, ha permanecido aislada en una localización secreta en los últimos meses, pero en ningún momento se ha dado a entender que estuviera en una prisión.
El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe.
La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de los comicios de noviembre de 2020.
La exmandataria fue sentenciada tras un proceso a puerta cerrada en Naipyidó , en el que también se impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de la capital, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b).
La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
«CARGOS FALSOS»
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el país con el cargo de consejera de Estado hasta el golpe, y pidió su liberación.
«La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político», denunció en un comunicado Bachelet, quien dijo que se trata de una detención arbitraria que también cierra la ventana del diálogo.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó por su parte que las sentencias «representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Birmania».
Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y otras ONG también han criticado las sentencias.
«Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania», indicó el subdirector de Campañas de AI en Asia, Ming Yu Hah.
«La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero», agregó Ming.
El activista recordó que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la «terrible posibilidad» de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar.
Contra la premio nobel de la paz penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel.
Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.
AISLAMIENTO DE LA JUNTA BIRMANA
El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos Gobiernos, como los de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, y la UE han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.
El líder militar ha sido excluido de las últimas cumbres y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por no cumplir con unos acuerdos del pasado abril para sobre el cese de la violencia y no abrir un proceso de diálogo.
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cuyo país preside en la ASEAN en 2022, expresó hoy su intención de viajar a Birmania para entrevistarse con los militares, que se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia a Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 a los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.
