Hasta el momento 60 mil 30 servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial y son trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de órganos autónomos constitucionales y personal de los 18 municipios, quienes deben actualizar la información de su patrimonio, situación que permitirá evaluar y determinar si hubo enriquecimiento ilícito o que todo va como debe ser conforme a sus ingresos.
“Durante todo el mes de mayo, deben presentar su declaración de modificación patrimonial y conflicto de interés y de no hacerlo se harán acreedores a sanciones que van desde sanciones administrativas, hasta le destitución del cargo”, advirtió el secretario de la Contraloría, Oscar García González.
Se espera un cumplimiento mínimo del 99 por ciento, para lo cual, en la Contraloría han desplegado una serie de acciones como sesiones de trabajo con todas las dependencias y entidades para enseñarles a manejar el nuevo sistema DECLARANET y las plataformas tecnológicas, con el objetivo de presentar en tiempo y forma dicha obligación.
También se instalarán mesas de ayuda y de control para que “todos quienes tengan duda automáticamente les ayudaremos. El año pasado fueron 600 trabajadores extemporáneos u omisos. Nuestra meta es mejorar la cifra de cumplimiento” dijo el funcionario estatal.
En caso de no presentar la declaración se requerirá por una sola ocasión para que se haga en los siguientes 30 días, si la entrega, queda con un procedimiento de responsabilidad (amonestación, suspensión de 30 días); pero si no se realiza, será baja del cargo con destitución o inhabilitación, por lo que no habrá una segunda oportunidad.
“Los servidores públicos rendimos cuentas, somos transparentes, esa es la instrucción del gobernador, llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia de transparencia y rendición de cuentas”, concluyó.
