La firma de un “convenio marco” entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma del Estado de México, llevó hoy al banquillo de un juez a la ex titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga.
El convenio 411/DGRM/001/DAC/279/13 fue firmado el15 de febrero de 2013 para que la Universidad apoyara a la Sedesol en la “implementación y puesta en marcha de las ventanillas de atención por demanda para la incorporación de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera”.
El importe del convenio tenía un monto mínimo de 360 millones de pesos y un monto máximo de 480 millones, que según la Auditoría Superior de la Federación se ejerció su monto máximo.
Al amparo del artículo 1 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esos 480 millones de pesos no fueron sujetos a una licitación, al tratarse de un servicio brindado por una institución pública.
Las ventanillas debían incorporar a un millón 600 mil beneficiarios al programa de pensión para personas de la tercera edad.
Derivado del convenio marco se firmaron convenios específicos, convenio DGAGP/DASNOP/SAC/002/2014.
A través de estos convenios se entregaron recursos a diversas universidades, que a su vez subcontrataron a empresas denominadas «fantasma», que fueron designadas por la propia SEDESOL.
Para justificar la entrega de los recursos, se entregaban «entregables» apócrifos que justificaban los pagos a las empresas subcontratadas.
De acuerdo con el sitio Animal Político, bajo este esquema se desviaron 304 millones de pesos para servicios del programa de Pensiones de Adultos Mayores en el Estado de México que presuntamente fueron desviados para otros fines.
El dictamen de la auditoría 14-0-20100-12-0229 DS-064 establece que SEDESOL y la UAEM “no lograron incorporar a un total de 226,779 adultos mayores para cumplir con la meta propuesta en el convenio de coordinación, por lo que la SEDESOL realizó pagos injustificados a la UAEM por 68,033.7 miles de pesos”.
Asimismo, agrega el dictamen “en el ejercicio de 2013, pagó servicios con recursos presupuestales de 2014 para atender el mismo programa por los meses de enero a marzo de 2014, en donde tampoco se logró la meta propuesta, por lo que también realizó un pago injustificado por 12,545.4 miles de pesos”.
Además, “por lo que respecta al programa de pruebas de supervivencia y mantenimiento al padrón de beneficiarios, de la misma forma, SEDESOL realizó pagos injustificados a la UAEM por 24,542.0 miles de pesos por contratación de personal mayor del requerido y por servicios que la UAEM no llevó a cabo”.
Asimismo, la ASF detectó que la dependencia que encabezaba Rosario Robles “realizó pagos en exceso a beneficiarios por 466 millones de pesos”.
