Querétaro no tendría diputados borrachos ni drogados. Corruptos ni usarían su cargo para beneficiarse ellos, familias, amigos ni socios. Tampoco habría injerencias externas en las decisiones de los diputados. (Foto: Especial)
Si los diputados locales aceptaran conducirse bajo un Código de Ética que regule sus actividades, tendrían que adoptar un modelo de conducta que los obligaría a esforzarse por actuar, en todos los aspectos de su vida, conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar.
Querétaro no tendría diputados borrachos ni drogados. Corruptos ni usarían su cargo para beneficiarse ellos, familias, amigos ni socios. Tampoco habría injerencias externas en las decisiones de los diputados.
Así lo establecen las propuestas presentadas por las diputadas Ma. Antonieta Puebla Vega y Aydé Espinoza González.
En su ‘Iniciativa que crea el Código de Ética Parlamentaria’ presentada hace 17 meses por la diputada priista Ma. Antonieta Puebla Vega, y que espera ser desempolvada por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales que preside la diputada panista Ma. del Carmen Zúñiga Hernández, el perfil que plantea es de diputados que observen permanentemente una conducta intachable, honesta y leal; que inspiren confianza a los ciudadanos; que no saquen ventaja de su cargo, ni acepten dádivas, favores o promesas para favorecer a alguien; que no oculten sus bienes, ni usen indebidamente el cargo para obtener contratos, concesiones o franquicias del gobierno.
Mientras que la panista Aydé Espinoza González, quien el pasado 17 de agosto de 2017 presentó su ‘Iniciativa que crea el Código de Ética del Poder Legislativo del Estado de Querétaro’, plantea que los legisladores queretanos deberán abstenerse de evadir responsabilidades al amparo de su cargo público.
Expone también como deberes éticos de los diputados el oponerse a cualquier tipo de influencia que pretenda alterar los trabajos parlamentarios; abstenerse de participar y de incidir con los demás diputados.
Plantea, para todos los integrantes del Poder Legislativo, que se condene a quienes se presenten en su desempeño público con alguna alteración por consumo de bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.
