En el último año, la Fiscalía Anticorrupción del Estado logró un promedio de apenas 27 por ciento en su eficacia al momento de judicializar las denuncias que recibe.
Ello se desprende del informa de labores que presentó el titular de la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, ante el congreso local.
Según reportó el mismo Vargas Salazar en el periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022, la fiscalía a su cargo ha logrado aumentar en 100 por ciento las sentencias condenatorias obtenidas por hechos de corrupción, en comparación del año inmediato anterior.
Sin embargo, su porcentaje de eficacia, al momento de judicializar las denuncias que recibe, baja considerablemente.
Y es que, de acuerdo con el mismo informe, este año inició 51 carpetas de investigación y, de ellas, apenas logró judicializar 14, por diversos delitos.
Y de esas 14 carpetas judicializadas, la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso de 18 personas, entre ellas, destacan quienes ocupaban los cargos públicos de Presidente municipal, Director de finanzas municipal, Notario Público, Juez Cívico, personal de Protección Civil municipal, personal administrativo estatal, personal operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal, así como particulares.
“Durante este mismo periodo se les impuso sentencia condenatoria a 15 personas, tanto servidoras públicas como particulares”, reportó el fiscal Vargas ante los diputados locales.
Informó que, en 5 años de administración, la Fiscalía Anticorrupción ha judicializado 68 carpetas de investigación, por lo que se ha logrado la vinculación a proceso de 90 personas servidoras públicas y particulares; 31 personas han sido sentenciadas y acumulan la imposición de más de 100 años de prisión.
En su mensaje, el Fiscal Anticorrupción mencionó que en estos cinco años de actividades, se han logrado avances en el combate a la corrupción, de manera muy significativa.
“La corrupción es un fenómeno en el que tanto autoridades como sociedad, debemos asumir un rol de corresponsabilidad, lo que se traduce en actuar ante la denuncia de la ciudadanía, para que se aplique la ley de manera ejemplar”, dijo.
