Ex trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) pedían durante el Sexenio del perredista Graco Ramírez “moche” para liberar el pago de reparación de daño.
Penélope Picazo Hernández, actual titular de la Comisión, acudió a la Fiscalía Anticorrupción de la entidad para denunciar esos hechos junto con pruebas aportadas por las víctimas extorsionadas.
“Víctimas se habían acercado ante nosotros a presentar y a denunciar y a señalar diversos actos de corrupción, de los cuales fui integrando cada una de las carpetas de los expedientes y las pruebas que ellos me proporcionaron.
“Señalarles que los nombres de las víctimas no los puedo dar a conocer por privacidad de su tema que están viviendo, pero además para no afectar la investigación; son diversos actos contra diversos servidores públicos y el día de hoy voy a acudir a la Fiscalía ya con las denuncias, los escritos, fotos de las personas con las que se entrevistaron, yo creo que voy a dar los elementos suficientes para que se abra una investigación muy profunda”, dijo.
De acuerdo con la Comisionada, los ex trabajadores del Gobierno de Graco Ramírez pedían hasta la mitad del recurso destinado a las víctimas a cambio de liberarles el pago.
“Concretamente es pedirle la mitad, en algunas ocasiones menos, un porcentaje de todos los recursos que se generaban, desde gastos de defunción hasta la reparación integral, concretamente son esos.
“Todos son ex servidores públicos de la CEARV, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues va a ser la autoridad quien determine quien resulta, yo no puedo decir más que a quienes están señalando las víctimas, pero ya será la autoridad quien determine quién tiene la responsabilidad de estos hechos”, dijo.
En sus testimonios, agregó, las víctimas en algunos casos dan nombre de los ex servidores públicos que les propusieron el acuerdo.
En otros solo la descripción física de los funcionarios y mensajes de WhatsApp.
“Por ejemplo, una reparación donde era de 700 mil pesos la reparación le pedían la mitad, le decían que su reparación iba a salir de 250, pero que si ella, esa servidora pública la ayudaba, porque ella era la que tenía toda su documentación y que si no no se iba a encontrar la documentación en la Comisión, le iba a salir de 350 y 350 para ella, es decir que le garantizaba una reparación de 750 mil pesos”, dijo.
Estas extorsiones, agregó, provocaron que la ciudadanía perdiera la confianza en la institución.
Picazo Hernández denunció también que durante la integración de las carpetas con las que presenta le denuncia ha recibido amenazas.
“He recibido mensajes, he recibido solicitudes de información preguntándome los nombres de las víctimas, obviamente no los puedo dar porque forman parte de una investigación, toda la información que requiera la ex titular o quien haya firmado la solicitud, no tengo evidencia de que sea real, se las puedo dar porque la Comisión no tiene puertas, tiene ventanas y todo tiene que ser transparente”, expresó.
