En Sesión de Pleno, los diputados de la 60 Legislatura local aprobaron disposiciones para garantizar la debida protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género.
Los legisladores dieron el respaldo al dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma el Capítulo Tercero del Título Quinto de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado por la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.
Esta reforma busca una homologación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, toda vez que dichas disposiciones estaban acordes con la Ley General hasta antes de la reforma del 18 de marzo del presente año, sin embargo, hoy es necesario la armonización de la ley estatal con la norma de mayor jerarquía, lo anterior con la finalidad de brindar las garantías de seguridad y protección a las mujeres del estado.
En los considerandos del dictamen, se señala que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como un derecho de las víctimas el derecho a la protección que el Estado le debe brindar, el cual incluye el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.
A partir de un enfoque diferencial y especializado, la misma Ley establece que en el caso de las niñas y mujeres, las autoridades el ámbito de sus respectivas competencias, deberán de aplicar garantías especiales y medidas de protección, al ser consideradas éstas como parte de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, por lo que serán atendidas de manera prioritaria; en cuanto las niñas y mujeres sean víctimas de violencia sexual, se les deberán de ofrecer servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley con absoluto respeto a la voluntad de la víctima así como brindar servicios de salud en materia de derechos sexuales y reproductivos, como es el uso de antivirales para prevenir infecciones de trasmisión sexual.
