Querétaro es uno de los tres estados del país con capacidad suficiente para cubrir su propia nómina con ingresos procedentes de su recaudación, los otros dos son la CDMX y Quintana Roo.
Así lo reveló Emilio Barriga, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su participación en las Mesas de Diálogo del Parlamento Abierto para el Presupuesto 2022 en la cámara de diputados.
Ahí, Barriga dijo que existen entidades como Guerrero que dependen casi al 100 por ciento de los fondos canalizados por la Federación.
«Solamente la Ciudad de México, Quinta Roo y Querétaro serían capaces de financiar su nómina o su capítulo de gasto de servicios personales utilizando sus ingresos tributarios. Por el contrario, existen nueve entidades federativas que son el extremo cuyos gastos en servicios personales superan más de siete veces lo que recaudan ingresos tributarios», detalló.
Esta presión sobre las finanzas públicas locales, señaló, provoca que las entidades desvíen recursos que son destinados para otros fines para cubrir los pagos a su burocracia.
«Estas entidades federativas, cuando ven que los recursos federales dejan de fluir conforme a lo estimado, conforme a lo que tienen programado en sus presupuestos y en sus leyes de ingresos, pues la verdad que ejerce una presión muy fuerte en el tema, ya no digamos de inversión, o de proyectos, sino simplemente para el tema de poder hacer frente al pago de sus nóminas.
«Esto, evidentemente, abre espacios de creatividad presupuestal que nos obliga en la Auditoría Superior de la Federación a estar viendo con mucho cuidado que ante la presión y ante la falta de recursos para pagar la nómina las entidades federativas no cometan alguna irregularidad», indicó.
Barriga explicó que los recursos que se transfieren a las entidades, que suma alrededor de 2 billones de pesos al año, está compuesta por el Gasto Federalizado Programable y por Participaciones Federales.
En el caso del primero, dijo, ha registrado una caída en los últimos ocho años debido a que cada vez el Gobierno Federal transfiere menos recursos a través de subsidios o convenios a los estados y municipios.
«Los recursos del gasto federalizado programable que han observado una caída importante y que explican por qué en su totalidad el gasto federalizado programable tiene una caída en los últimos ocho años es, fundamentalmente, por el rubro de convenios y subsidios.
«Convenios son los que se suscriben con las diferentes dependencias del Gobierno federal para que transfieran recursos a las entidades federativas, municipios o los diferentes entes públicos subnacionales y lo mismo en el caso de los subsidios, por ejemplo, el ahora extinto Seguro Popular era un programa que se consideraba un subsidio», señaló.
Con información de REFORMA
