Los diputados de la LVIII Legislatura, comprendida en el trienio 2015-2018, desaparecieron varios millones de pesos antes de irse y pretendieron engañar a los auditores ocultando dicho desfalco en partidas presupuestales ajenas, para evitar que fuera detectado.
Los integrantes de la pasada legislatura local armaron todo un entramado para ocultar la desaparición de 5 millones 970 mil 225.52 pesos, que pasaron de la cuenta de ‘Gastos por Comprobar’ a ‘Oficinas de Enlace y Gestión Legislativa’, donde las taparon con el velo de ‘donaciones’ para evitar que les pidieran comprobar su destino.
El Informe Individual de Auditoría a la Cuenta Pública de la Entidad Denominada Poder Legislativo del Estado de Querétaro, correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, puso en evidencia el dolo con el que actuaron los diputados de la LVIII Legislatura para ‘limpiar’ la casa antes de irse.
Sin embargo, los auditores de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) lograron desenmarañar el entramado, detectar el intento de fraude, y evidenciar la violación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al Código Fiscal de la Federación, al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los Resolutivos de los ‘Criterios y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, aplicables a las asignaciones o apoyos otorgados a Legisladores’ emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De este intento de estafa, el organismo fiscalizador responsabilizó a los directores de Servicios Administrativos y Servicios Financieros del Congreso del Estado, así como a cualquier otra persona que pueda tener responsabilidad alguna con los hechos, contra quienes pide que el Órgano Interno de Control enderece la investigación respectiva e inicie la aplicación de las sanciones correspondientes.
Y es que, señala en su pliego de observaciones a la cuenta pública del Congreso local, no se comprobaron 5 millones 970 mil 225.52 pesos que se asignaron para diferentes fines, mediante la figura de “pagos realizados por cuenta de terceros”.
Sin embargo, la cosa no paró ahí. Como no podían comprobar el destino del dinero, entonces los diputados idearon un plan para tapar el boquete: lo pasaron a la partida 521.1.2.7.00 denominada ‘Oficinas de Enlace y Gestión Legislativa’, donde se respaldan en un acuerdo mediante el cual no tienen necesidad de comprobar los gastos.
“Se conoció que existen diversos comprobantes por un monto total de $4,180,687.24 (…) que soportan erogaciones destinadas con fines de donación y/o apoyos; sin embargo, la documentación comprobatoria soporte antes mencionada no incluye la evidencia sustancial y documental que vislumbre a quién fueron entregadas dichas donación y/o apoyos”.
Y es que la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro establece, en su artículo 78 señala que: Los sujetos de la Ley que otorguen beneficios o subsidios, deberán recabar el nombre completo de quien los recibe y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional. Asimismo, recabarán, en lo posible, la Clave Única de Registro de Población, cuando el beneficiario sea persona física no contribuyente”.
Además, el engaño no les salió bien, porque “las pólizas que soportan dichas cancelaciones carecen de comprobantes fiscales (CFDI’s), que amparen los gastos efectuados”.
